La comisión especial de la Asamblea Legislativa que investiga el manejo de los fondos por la emergencia provocada por la pandemia del COVID-19, estaría girando una orden para certificar a la Fiscalía General de la República y a la Corte de Cuentas de la República, para que investiguen el mecanismo de distribución de los US$300 en concepto de ayuda por la crisis económica que ha provocado el coronavirus.
El caso que se encuentra en debate en esta ocasión, se trata de los US$$340 millones 285 mil 915.10 que del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid) fueron trasladados al Ministerio de Hacienda, para poder ejecutar esta estrategia que buscaba sacar a flote los gastos de las familias salvadoreñas, debido a las limitaciones de circulación que el gobierno impuso para evitar la propagación de la enfermedad.
Según la administración presidencial, el efectivo que se entregó desde finales de marzo hasta los primeros días de mayo, iba a beneficiar a 750 mil salvadoreños quienes podrían utilizar los fondos para gastos básicos.
Sin embargo, un informe de la Corte de Cuentas de la República (CCR) presentado a la Asamblea Legislativa concluye que el Gobierno repartió 30 millones de dólares bajo criterios desconocidos a 100 mil beneficiarios.
“Existe un grupo de 100,000 beneficiarios que por el momento se desconoce cómo fueron seleccionados”, dice el informe presentado el 6 de mayo a la Asamblea. En el documento se presentan avances del plan de fiscalización de los recursos utilizados en el marco de la emergencia nacional por la pandemia covid-19.
Por lo que esto ha dado pie para que la comisión convocará al entonces ministro de Gobernación, Mario Durán, y a la ministra de Economía, María Luisa Hayem, para que brindaran un informe con el detalle de los beneficiarios.
Ante esto, Hayem envió un documento que a juicio de los parlamentarios se encuentra incompleto y por lo mismo volvieron a convocar a ambos.
La ministra hasta la fecha no ha manifestado postura, mientras Durán (quien ahora es candidato para la alcaldía de San Salvador por Nuevas Ideas) dijo que fue citado sin anticipación para ordenar su agenda.
Ante esto el diputado de ARENA, René Portillo Cuadra dijo: “La Asamblea no conoce la dirección de su domicilio particular, por eso se le notificó en la sede del partido al cual él pertenece (Nuevas Ideas); pero ahí se negaron a recibir la notificación”.
Durán reaccionó en Twitter: “No mienta, diputado Portillo Cuadra, el problema no es la notificación, el problema es que me la enviaron hace hora y media queriendo que me presente hoy mismo a las 10:30 a. m. Las mentiras de los areneros cada día son más absurdas”.
La negativa de la rendición de cuentas les ha llevado a los diputados, buscar otra alternativa como la certificación al Ministerio Público y a la Corte de Cuentas.
“En ese sentido, como comisión no podemos levantar ni obviar el secreto bancario, quien sí lo puede hacer a través de una investigación es la Fiscalía y esa es la razón por la cual hemos certificado a la Fiscalía que se investigue cuántas personas lo recibieron, quiénes lo recibieron, en qué momento lo recibieron. Que esto lo investigue la Fiscalía como parte de un hallazgo que creo es importante que el pueblo salvadoreño tiene derecho a saber”, dijo Portillo Cuadra
Por su parte, el diputado de GANA, Guillermo Gallegos, indicó que: “Sobre el manejo de la pandemia no es la Asamblea Legislativa la que va a determinar si hay o no hay buen uso o mal uso, es la Corte de Cuentas”.
El artículo 132 de la Constitución señala que: “Todos los funcionarios y empleados públicos, incluyendo los de Instituciones Oficiales Autónomas y los miembros de la Fuerza Armada, están en la obligación de colaborar con las Comisiones Especiales de la Asamblea Legislativa”.
