Por Redacción ContraPunto
La Asamblea Legislativa aprobó este martes dos medidas de impacto económico y social: autorizó al Ministerio de Hacienda a suscribir un préstamo de hasta $50 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar un nuevo Censo Económico y, por otra parte, exoneró de impuestos $1.3 millones destinados a 600 extrabajadores de una empresa maquiladora que cerró operaciones en El Salvador.
$50 millones para actualizar las estadísticas económicas
Con 57 votos, los diputados autorizaron el contrato de préstamo con el BID para financiar el programa de Fortalecimiento de las Estadísticas Económicas, que será ejecutado por el Banco Central de Reserva (BCR).
El principal componente será la realización de un nuevo Censo Económico, una operación considerada necesaria debido a que el último levantamiento de este tipo data de 2005.
El proyecto pretende actualizar la información sobre la estructura y funcionamiento de la economía salvadoreña, incorporando también datos relacionados con la economía informal, un sector relevante para el empleo y la actividad productiva del país.
El financiamiento también contempla la modernización de los sistemas estadísticos y la incorporación de tecnologías digitales para la recopilación, procesamiento, análisis y divulgación de información.
El BCR, como responsable del Sistema Estadístico Nacional, tendrá a su cargo la ejecución. La institución deberá presentar los resultados a más tardar durante el tercer trimestre de 2027.
El nuevo censo se suma a otros operativos estadísticos realizados recientemente por el BCR: el VII Censo de Población y VI de Vivienda, ejecutados en 2024, y el V Censo Agropecuario y I de Pesca, realizados en 2025.
La actualización de estos datos permitirá contar con una fotografía más reciente de las empresas, actividades productivas, empleo y características de la economía salvadoreña, información que puede ser utilizada para la planificación de políticas públicas y decisiones de inversión.
Exoneran $1.3 millones destinados a extrabajadores de maquila
En la misma jornada legislativa, los diputados aprobaron con 60 votos una exoneración tributaria para $1.3 millones destinados a 600 extrabajadores de Impression Apparel Group, quienes perdieron su empleo después del cierre de operaciones de la empresa textil en El Salvador.
Los fondos fueron gestionados mediante un proceso de diálogo impulsado por el Consorcio de los Derechos del Trabajador con clientes internacionales de la compañía, con el objetivo de canalizar asistencia económica hacia los trabajadores afectados.
La medida permitirá que los beneficiarios reciban los recursos sin descuentos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) ni del impuesto del 30 % establecido en la Ley de Agentes Extranjeros, cuando corresponda a este tipo de recursos provenientes del exterior.
La exoneración tendrá una vigencia de un año y también permitirá que durante ese período otros recursos destinados a ayudar a los extrabajadores puedan acogerse al mismo beneficio tributario.
ORMUSA administrará los recursos
La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) será la encargada de recibir, administrar y distribuir los fondos entre los trabajadores beneficiados.
Como mecanismo de transparencia, la organización deberá presentar ante la Asamblea Legislativa un informe detallado sobre el dinero recibido y la forma en que fue distribuido.
El documento deberá estar respaldado por la firma y sello de un auditor, quien tendrá la responsabilidad de verificar el manejo de los recursos.
Las dos decisiones aprobadas por la Asamblea abordan dimensiones distintas de la economía salvadoreña: mientras el nuevo censo busca actualizar la información con la que el Estado mide y planifica la actividad productiva, la exoneración tributaria pretende garantizar que una ayuda económica internacional llegue de manera íntegra a trabajadores afectados por el cierre de una fuente de empleo.
Asamblea prorroga estabilización del transporte público y autoriza continuidad de misión militar en Haití
La Asamblea Legislativa aprobó este martes dos disposiciones de alcance económico y de seguridad internacional: prorrogó hasta diciembre de 2027 las medidas destinadas a mantener estables las tarifas del transporte público y autorizó la continuidad de la participación de la Fuerza Armada de El Salvador en la misión internacional de seguridad en Haití.
Con 58 votos, los diputados aprobaron la extensión de las disposiciones de la Ley Transitoria para la Estabilización de las Tarifas del Servicio de Transporte Público de Pasajeros Tipo Colectivo y Masivo.
La normativa busca mantener las condiciones que permiten preservar el monto del pasaje autorizado para los usuarios del transporte colectivo y masivo, además de establecer disposiciones orientadas a garantizar la continuidad, regularidad y uniformidad del servicio.
La prórroga estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027 y también contempla la permanencia de la inscripción de las cajas únicas registradas ante la Dirección General de Transporte Terrestre hasta esa misma fecha.
La legislación sobre estabilización de tarifas fue aprobada originalmente mediante el Decreto Legislativo n.º 257, en diciembre de 2021, con vigencia inicial hasta diciembre de 2022. Desde entonces, ha sido prorrogada en varias ocasiones: en diciembre de 2022, abril de 2024 y agosto de 2025.
La Asamblea sostiene que la continuidad de estas disposiciones busca evitar modificaciones a las tarifas autorizadas y contribuir a proteger la economía de las familias que dependen diariamente del transporte público para trasladarse hacia sus lugares de trabajo, centros educativos y otras actividades.
El Salvador continuará misión de seguridad en Haití
En otra decisión aprobada este martes, la Asamblea Legislativa autorizó, con 57 votos, la participación de la Fuerza Armada salvadoreña en la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) en Haití.
La nueva ley permitirá que El Salvador mantenga su participación en las acciones internacionales destinadas a enfrentar la violencia de las pandillas y fortalecer las capacidades de seguridad del país caribeño.
El Salvador se incorporó en 2024 a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMAS) en Haití. Posteriormente, en 2025, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas autorizó mediante la resolución 2793 el establecimiento de la GSF, modificando el esquema internacional de apoyo a la seguridad haitiana.
A partir de este cambio, la Asamblea aprobó un nuevo marco jurídico para permitir la continuidad del contingente salvadoreño.
La participación tendrá inicialmente una duración de 12 meses a partir del 2 de octubre de 2026, aunque podrá prolongarse mientras permanezca vigente la misión internacional o cuando las circunstancias lo requieran.
El contingente podrá incluir personal militar y civil, aeronaves y otros recursos, de acuerdo con las necesidades de la misión y las capacidades de la Fuerza Armada.
Jurisdicción salvadoreña sobre su personal
La legislación establece que los integrantes del contingente deberán respetar las leyes y costumbres de Haití, además de cumplir las normas y procedimientos establecidos por la misión internacional.
Al mismo tiempo, El Salvador conservará jurisdicción sobre el personal que despliegue, conforme a los tratados y acuerdos internacionales aplicables.
La normativa también contempla disposiciones especiales para las adquisiciones que realice el Ministerio de la Defensa Nacional relacionadas con el equipamiento, entrenamiento, preparación y traslado del personal destinado a la misión. Estas compras quedarán fuera de la aplicación de la Ley de Compras Públicas.
Las dos decisiones aprobadas este martes amplían, por un lado, el marco legal destinado a mantener las condiciones actuales del transporte público y, por otro, la participación de El Salvador en una operación internacional de seguridad en Haití.
