Por Juan Gasparini
Al margen de la ruptura de relaciones entre Nicaragua y la OEA, tras considerar que “las elecciones del 7 de noviembre no fueron libres, justas ni transparentes y carecieron de legitimidad democrática”, la ONU redobla las alegaciones contra el el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Ante la “actualización oral provisional” que acaba de emitir la Alta Comisionada adjunta de la ONU para Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, en ausencia de Michelle Bachelet, la Argentina instó a la jefatura sandinista en Managua, “a que implemente de manera integral las recomendaciones efectuadas … y permita a su Oficina acceder al país para cumplir con su mandato”, según el discurso del Embajador de Argentina en Ginebra, Federico Villegas.
“Reiteramos nuestra preocupación por la situación de los derechos humanos en Nicaragua, especialmente en lo que se refiere al ejercicio de los derechos políticos en el contexto de las elecciones del 7 de noviembre pasado, que incluyen las detenciones de figuras políticas y la persistencia de restricciones al espacio cívico”, subrayó Federico Villegas, quien viene de ser ungido Presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para 2022.
“Resulta imperativo que el Gobierno vuelva a garantizar el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos y que se proporcione a las víctimas de violaciones de derechos humanos acceso a la justicia y reparación integral”, concluyó Villegas, en nombre de uno de los 54 países que han denunciado “violaciones sistemáticas de los derechos humanos a manos del gobierno” sandinista, contabilizados por la oenege “Servicio Internacional para Derechos Humanos”, basada en Ginebra.
La Oficina que dirige Bachelet “documentó la detención arbitraria de no menos de 39 líderes y lideresas políticos, personas defensoras de los derechos humanos, empresarios, periodistas y lideres campesinos y estudiantiles durante el periodo electoral”, de “mayo y octubre”, entre las que se encontraban “siete personas que se habían registrado como precandidatas o habían expresado públicamente su intención de presentarse a las elecciones presidenciales”.
Precisó que “35 de estas personas continuan detenidas … muchos … en régimen de incomunicación durante más de 90 días, algunos en aislamiento prolongado, y solo han podido ver a sus familiares”, en raras “ocasiones”. Ello supone “un riesgo real para su integridad física y psíquica, y pueden constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes”, o significar “torturas”, transgrediendo “las reglas mínimas de la ONU para el Tratamiento de Reclusos”, denominadas “Reglas de Mandela”.
Fustigo además “la reforma electoral adoptada el 4 de mayo” pasado, que “no incluyó salvaguardias para garantizar la independencia e imparcialidad de las autoridades electorales”. Consignó que “los derechos a la libertad de expresión y asociación fueron restringidos de manera desproporcionada mediante prohibiciones vagamente definidas”. Bajo amenazas, decenas “de trabajadores de los medios de comunicación involucrados en reportajes críticos del Gobierno”, huyeron del país.
Agregó que “durante la semana electoral”, se registraron las detenciones “de 8 hombres y 2 mujeres activistas políticas y periodistas”, de los cuales han sido liberados “solo 2 hombres y 1 mujer”. Quienes “permanecen detenidos están recluidos en régimen de incomunicación mientras se enfrentan a cargos penales ambiguos”. De hecho, “los procesos judiciales a los que fueron sometidos” todos estos detenidos “no respetaron adecuadamente el debido proceso”.
Asimismo criticó la “selección de los miembros del Consejo Supremo Electoral, que se llevó a cabo el mismo día de la aprobación de la nueva legislación electoral, no” incluyendo “consultas con las organizaciones de la sociedad civil, como mandaba la ley, y careció de la adecuada diversidad política de sus miembros”, una nueva manifestación de “la crisis política, social y de derechos humanos que afecta al país desde 2018”, que necesita una “solución pacifica y democrática”.
Frente a semejante empeoramiento de situación en Nicaragua, la Alta Comisionada pidió al Consejo de Derechos Humanos de la ONU “que considere todas las medidas a su alcance para promover la rendición de cuentas por las graves violaciones de los derechos humanos desde 2018, en particular liberar a “todas las personas detenidas arbitrariamente”, junto al restablecimiento “de sus derechos civiles y políticos”, y restituir “la personalidad jurídica de los partidos políticos y de las organizaciones de la sociedad civil, despojada arbitrariamente”. Por último, insistió en su reclamo a un “acceso necesario al país para cumplir debidamente con sus mandatos”.
