El presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Luis Cardenal, manifestó este lunes que aunque El Salvador ha salido del estado de impago temporalmente, “el riesgo continúa latente porque parece ser que las decisiones que guían al Gobierno son políticas y electorales”. A la vez, señaló que la situación fue provocada por el Gobierno para forzar la aprobación de más financiamiento.
Cardenal lamentó que El Salvador haya perdido la “buena fama crediticia” y tras la baja en la calificación prevé que el impacto desemboque en el deterioro del grado de inversión, haciendo al país menos atractivo para hacer negocios. Al bajar las calificaciones, según explicó, el país ha quedado compartiendo cancha con otras economías débiles como la de República del Congo, Venezuela y Grecia.
El pasado viernes, con 47 votos, y sin el respaldo del partido ARENA, la Asamblea Legislativa aprobó las modificaciones al Presupuesto 2017 para reorientar fondos de al menos 23 instituciones estatales que permitirán sumar $56 millones 665 mil 225 dólares y así poder superar el impago de más de $55 millones de dólares que el Gobierno adeuda desde el 7 de abril a las AFP.
Aunque el país ha abandonado la condición de impago por el momento, el impacto se mantiene. “Esto tiene consecuencias; vamos a tener que pagar intereses más altos cuando salgamos a pagar bonos lo que genera una presión más alta en intereses y repercusiones nacionales. Los bancos que tenemos en el país son de filiales; la calificación de riesgos que reciben repercuten en el salvador habrán intereses más altos”, acotó el representante de la ANEP.
Otro de los impactos que señala Cardenal es que las micro y pequeñas empresas que son negocios de “supervivencia”, tendrán que ganar con el alza a los intereses lo que podría desembocar en carecer de financiamiento o en no poder pagar los intereses, desencadenando un circulo de desempleo, menos atracción de inversión, menos crecimiento y menos desarrollo.
Por su parte, el presidente de la Cámara Salvadoreña de Comercio (CAMARSAL), Javier Steiner, enfatizó en que el impago se pudo haber evitado haciendo los cambios pertinentes en el presupuesto aprobado para este 2017 y por tanto se puedo evitar la “mala reputación” tras la baja en las calificaciones.
Además añadió que el impago fue producto de una asignación de presupuesto incorrecta y aunque hubo tiempo para hacer los cambios y mecanismos para evitarlo, el Gobierno no actuó oportunamente. Finalmente Cardenal, remarcó que el Ejecutivo debe ser responsable y presentar presupuestos verdaderos y balaceados y sobre todo no gastar más de lo que se ingresa.
En tanto, el presidente Salvador Sánchez Cerén anunció el pasado viernes en cadena nacional que pedirá a la Asamblea Legislativa que inicie el debate de la Ley de Reforma de Pensiones, a la vez que señaló que el impago es producto de la medida cautelar de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la emisión de los $900 millones de dólares que el Gobierno tenía destinado para evitar esta crisis.
