Luego de que se trasladara al expresidente de la República, Elías Antonio Saca al penal de “Mariona junto a seis exfuncionarios más acusados de actos de corrupción, analistas sugieren que el caso está sentando un precedente de denuncia y exigencia ciudadana ante los tratos desiguales a personalidades al momento de ser procesados judicialmente.
De acuerdo con Óscar Campos, abogado y especialista en el área de transparencia y anticorrupción de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), las decisiones recientes de enviar a detención provisional al exfiscal general Luis Martínez y al popular comunicador Max González (Gordo Max) por los delitos que se le imputan, impulsaron a la ciudadanía a exigir que el expresidente Saca también fuese trasladado a un centro penal.
“Las resoluciones más recientes del sistema judicial en casos similares en los cuales se les ordenó guardar detención, ha llevado ahora a que la ciudadanía exija que no haya ese trato diferenciado entre los imputados independientemente del tipo de delito”, dijo Campos a ContraPunto.
El abogado sostiene que desde la condena del expresidente de ANDA, Carlos Perla, se comenzaba a visibilizar que no importa el cargo público ostentado sino más bien la calidad imputado pues tal y como la Constitución establece: “todos somos iguales ante la ley”.
“Ahora se sienta un precedente más fuerte. La voz de la ciudadanía exigiendo que paren ese tipo de tratos desiguales cuando se trate de funcionarios que presuntamente hicieron mucho daño al país con sus actuaciones”, agrega Campos.
Expresa que Fiscalía General de la República (FGR) debe presentar pruebas robustas para que el caso llegue hasta las últimas instancias. Asimismo recomienda a la población preocuparse más por el resarcimiento del daño, que por ver a un presidente tras las rejas.
“Yo creo que la FGR tiene elementos muy fuertes sobre el caso Saca. Se ha visto a una Fiscalía más determinante, a diferencia del caso Flores, en el cual la FGR fue muy blanda y se necesitó de una querella para mantener el caso vivo”, concluye.
Igual postura presenta el abogado y analista, Julio Valdivieso, quien agrega que basados en el principio de igualdad, así como se han trasladado a personalidades a un centro penal, todos los reos de las bartolinas policiales también deben ser trasladados.
“Si queremos ser justos, ecuánimes y aplicar la igualdad, tienen que trasladar a todos los reos que están en las bartolinas. No puede ser que a unos sí los trasladas y a otros no”, indicó Valdivieso.
Actualmente la población de reos en bartolinas policiales a nivel nacional es de cinco mil personas según datos de la Dirección General de Centros Penales (DGCP).
Valdivieso enfatiza además la necesidad de garantizar la seguridad del exmandatario por el cargo que ostentó más que por cumplir o no el principio de igualdad.
Saca y los seis señalados en el caso de corrupción, forman parte desde hoy, de los más de 36 mil reos que saturan los 19 centros penales salvadoreños con condiciones de hacinamiento de más del 300 por ciento.
