Por Redacción ContraPunto
El expresidente de El Salvador, Elías Antonio Saca, cuenta con una orden de libertad vigente desde el martes 27 de octubre de 2026, luego de cumplir la condena de 10 años de prisión que recibió por los delitos de peculado y lavado de dinero y activos, relacionados con el desvío de aproximadamente $301 millones de fondos públicos durante su administración, entre 2004 y 2009.
Sin embargo, hasta la mañana de este miércoles 28 de octubre, no se había confirmado oficialmente su salida del Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona. De acuerdo con fuentes judiciales citadas por El Diario de Hoy, la orden ya fue emitida, aunque las autoridades no han precisado cuándo se hará efectiva su salida del recinto penitenciario.
La situación del exmandatario reabre el debate sobre las consecuencias judiciales de uno de los casos de corrupción más relevantes de la historia reciente del país, especialmente en relación con la recuperación de los fondos públicos y el cumplimiento de las obligaciones económicas impuestas por los tribunales.
Diez años de prisión por el caso Destape a la Corrupción
Saca fue capturado el 30 de octubre de 2016, durante la celebración de la boda de uno de sus hijos en Antiguo Cuscatlán, La Libertad, como parte de las investigaciones sobre el manejo irregular de fondos de la Presidencia de la República.
El 13 de septiembre de 2018, el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador lo condenó a cinco años de prisión por peculado y otros cinco por lavado de dinero y activos. El expresidente admitió los hechos atribuidos por la Fiscalía y se sometió a un procedimiento abreviado.
La investigación, conocida como Destape a la Corrupción, estableció que durante su gobierno se realizaron transferencias de fondos institucionales hacia cuentas particulares mediante operaciones destinadas a sustraer y ocultar recursos públicos.
En el proceso también fueron condenados seis funcionarios y colaboradores de su administración: Élmer Charlaix, César Funes, Julio Rank, Francisco Rodríguez Arteaga, Jorge Herrera y Pablo Gómez.
La libertad no extingue las obligaciones económicas
Aunque la condena de prisión se considera cumplida, Saca mantiene antecedentes de obligaciones económicas derivadas de distintos procesos judiciales.
En el caso Destape a la Corrupción, el tribunal estableció una responsabilidad civil de aproximadamente $260.7 millones para el expresidente. La suma correspondiente a los siete condenados rondó los $300 millones. En diciembre de 2019, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la obligación de devolver los recursos y ajustó el cálculo de la responsabilidad civil.
Estas obligaciones son independientes de la pena de cárcel. Por tanto, la emisión de una orden de libertad no significa que las deudas establecidas judicialmente hayan sido canceladas.
Otro proceso corresponde a la condena civil por enriquecimiento ilícito. Según información divulgada por la Fiscalía General de la República el 14 de abril de 2026, Saca debía reintegrar al Estado $3,892,698.71, mientras que su esposa, Ana Ligia Mixco de Saca, tenía una obligación de $589,608.42.
Hasta esa fecha, el exmandatario había abonado únicamente $5,845.75 de la cantidad establecida en su sentencia por enriquecimiento ilícito. Posteriormente, la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador instaló una audiencia de liquidación de bienes para determinar los montos pendientes y evaluar la cobertura de las obligaciones mediante activos sujetos a medidas cautelares.
No se ha confirmado oficialmente si esas cantidades fueron modificadas o si se realizaron nuevos pagos desde abril.
Estado recupera bienes vinculados al caso
En marzo de 2026, la Fiscalía informó sobre una resolución judicial relacionada con 25 inmuebles y ocho productos financieros vinculados al caso de peculado y lavado de dinero de Saca.
Los inmuebles fueron valorados en $7.5 millones, mientras que los productos financieros sumaban aproximadamente $2 millones. En conjunto, los activos representaban cerca de $9.6 millones.
Las propiedades están ubicadas en distintos sectores de San Salvador, La Libertad, La Paz y San Vicente. La investigación también identificó siete sociedades que, según la Fiscalía, fueron utilizadas para desviar, ocultar y transformar fondos públicos.
La transferencia definitiva de estos bienes a la titularidad estatal estaba sujeta al cumplimiento de las condiciones legales correspondientes y a la firmeza de la resolución judicial.
Otros procesos judiciales
Saca también fue condenado en septiembre de 2019 a dos años de prisión en el caso conocido como Transes, tras admitir que entregó $10,000 a una empleada judicial para obtener información sobre un proceso civil relacionado con su patrimonio.
Posteriormente, las autoridades judiciales revisaron el cómputo de esa pena y determinaron que se considerara cumplida con el período de detención provisional.
La orden de libertad emitida el 27 de octubre de 2026 constituye la novedad más reciente sobre su situación penitenciaria. No obstante, al cierre de esta información, seguía pendiente la confirmación oficial de su salida de Mariona.
El caso deja planteada una cuestión central para la justicia salvadoreña: el cumplimiento de una condena penal no sustituye la obligación de responder económicamente por los daños ocasionados al Estado. La recuperación efectiva de los recursos públicos y la situación de las responsabilidades civiles continúan siendo aspectos relevantes para determinar el alcance de las consecuencias judiciales del caso.
