Hacia finales de los 80´s, la completa década de los 90´s y primer lustro del presente siglo, la administración de derecha se enfrascó en la privatización de los activos del estado, fenómeno también observado en toda América Latina y que degenero en un marco que concentro y legalizó que aquella riqueza fuera transferida solo al 1% de la población (FMI, BM, BID), promoviendo un estado fiscalmente débil, que en el presente escenario y por las mismas causas, no es atractivo para por ejemplo, que los bonos que oferta en el mercado internacional sean adquiridos por inversores extranjeros, agudizando así las critica condición de las finanzas del país – FUNDE – y que tampoco será capaz en el tiempo de gestionar la emergencia y en razón de la debilidad estructural padecida, lo que se puede apreciar en éste preciso instante, con la búsqueda de autorización de créditos de parte del gobierno [el crédito que inicialmente fuera por $2,000 y que ahora es por $5,000 millones de dólares], ya que las vías regulares, impuestos, son obligatorios solo para los segmentos menos capases económicamente y por lo mismo, no se traducen en las sumas necesarias, a lo que se debe añadir la resistencia negativa a realizar las urgentes y vitales reformas fiscales que el país necesita, en particular en éste momento.
Debe sumarse a ello el que eventualmente las remesas y por la situación presente, caerán, reduciéndose también las exportaciones que ahora, tampoco son atractivas pues no son vitales para el mercado internacional y en razón de la incapacidad de flexibilidad de nuestro reducido aparato productivo.
Debe sumarse el que las medidas ofrecidas desde el GOES para paliar la situación de hasta 1.5 millones de hogares salvadoreños, los menos favorecidos económicamente hablando, no son lo debidamente claras, pues por ejemplo, la mayoría de estas carece de bienes a su nombre, por lo que no podrá demostrar que califica como beneficiarios de ellas, aun siendo parte del segmento en cuestión; a esto se lo debe sumar el que la práctica totalidad de casos depende para satisfacer sus necesidades del comercio informal, el cual y por las restricciones impuestas por el estado, se ve limitado en su ejercicio, lo que agravará eventualmente la condición de las tales familias.
En este punto hay que señalar el que las autoridades policiales y militares han impuesto un tácito toque de queda a las seis de la tarde, extralimitándose en sus funciones al interpretar arbitrariamente las medidas desprendidas del ejecutivo, corriéndose asimismo por ello el riesgo de que los espacios en los que se confina a los infractores se vean rebasados convirtiéndose en fácticos campos de concentración además de focos de infección de la pandemia.
Entonces, se impone la necesidad de aclarar el alcance de las medidas a las mismas autoridades para evitar los excesos que estas puedan cometer, promoviendo así los escenarios que, como el de Honduras, las restricciones derivaron en enfrentamientos entre la población y las autoridades, y que en nuestro caso sin duda, derivara en pérdidas de vidas.
