Miembros de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica manifestaron este martes su preocupación por la reaparición en el país de una campaña de empresas mineras internacionales sobre “minería verde” que ha surgido a su juicio, tras conocer resultados electorales positivos para la derecha salvadoreña, por lo que exigen a los diputados entrantes a no retroceder en ningún aspecto de la Ley Antiminería aprobada en marzo del año pasado.
Según esta organización, tras la aprobación de la referida ley, la empresa minera Pacific Rim-Oceana Gold anunció su retiro del país mediante el cierre de sus instalaciones en Cabañas a partir del 15 de septiembre de 2017. No obstante, pese a ese anuncio, aseguran que la empresa extractiva se mantenía al acecho, con la expectativa de algún cambio en el país que pudiera beneficiarles.
Manifiestan que a raíz de los resultados de las elecciones legislativas del 4 de marzo en la que los partidos de derecha obtuvieron una aritmética que les permite alcanzar fácilmente la mayoría simple o calificada, la empresa, de manera casi inmediata, ha reiniciado en el país su campaña de promoción de la minería verde.
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“Con lo que se percibe su expectativa de reformar la Ley de prohibición y así permitir desarrollar su actividad extractiva que atenta contra el medio ambiente y la vida”, expresan por medio de un comunicado.
Dicen que el riesgo de una derogación de la ley es latente, y más aún, cuando Carlos Calleja, uno de los precandidato presidenciales del partido ARENA, tiene fuertes vinculaciones a Frank Giustra, un magnate canadiense con nexos a la minera Pacific Rim/Oceana Gold.
En 2015, Giustra acompañó al expresidente de los Estados Unidos Bill Clinton, y al magnate mexicano, Carlos Slim. El anfitrión de esos visitantes fue Carlos Callejas. Guistra, Clinton y Slim, visitaron el país para ayudar filantrópicamente a Calleja en su fundación “Cultivando Oportunidades”, una acción que lo puso en el mapa político y mediático del país.
La Mesa antiminería mnifiesta además su preocupación ante o que denominan “lentitud en la aplicación efectiva de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica” a un año de su aprobación en la Asamblea Legislativa.
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Asimismo, se muestran intranquilos ante la posibilidad que diputados de derecha en la Asamblea Legislativa valoren permitir la minería metálica en el país mediante la reforma de la Ley de prohibición de la minería, por lo que les exigen no derogar o reformar ningún artículo de la ley.
Además, llaman al gobierno, población y organismos nacionales e internacionales de la sociedad civil, a estar vigilantes de las actuaciones al interior del Parlamento salvadoreño a partir del 1 de mayo que inicie la nueva legislatura.
