Pese a que hace cinco años se aprobó la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, no se ha tenido ningún avance respecto a este flagelo, informó la Mesa Nacional sobre la Minería.
Según los miembros de la Mesa, en estos tres años de la gestión presidencial de Nayib Bukele, se impulsan acciones de apertura a la industria extractiva, como la exploración y explotación de la minería metálica.
Por ejemplo, la aprobación de la Ley General para la Creación de la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas; la Ley de Expropiación y de Ocupación de Bienes por el Estado; y la aprobación de la Ley de Recursos Hídricos, relacionada a la propiedad de las aguas subterráneas, son mencionadas como retrocesos.
Omar Flores, representante de la mesa, alegó que es preocupante la resolución de la Sala de lo Constitucional, ya que emitió un fallo en el cual rechaza estudiar una demanda contra la concesión de aguas subterráneas alegando que las concesiones requieren aprobación “solo cuando se trate de aguas superficiales”.
“La jurisprudencia de este tribunal ha explicado que solo cuando se trata de aguas –superficiales o freáticas– alojadas en un bien de uso público, la concesión para su explotación debe ser acordada por la propia Asamblea Legislativa de manera singular y con determinados contenidos materiales”, dice la resolución de la Sala en la cual rechaza estudiar la demanda, en la cual denuncian que la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) habría otorgado de forma encubierta la concesión de un bien propiedad del Estado para su explotación a favor de un particular. “Sostienen que la Asamblea Legislativa debe ser el órgano que autorice la concesión de agua subterránea, lo cual no ha acontecido en el presente caso”, indicó.
De igual forma, los miembros de la Mesa temen la reversión de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, ya que el país forma parte del Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible, organización que busca la exploración minera.
En mayo del 2021, el actual Gobierno solicitó un diagnóstico al foro acerca del potencial del territorio para la minería no metálica. La Mesa observó esto preocupante y como parte de las demandas incita al gobierno a renunciar al foro.
