Por Benjamín Cuéllar
Al diputado Christian Guevara le llovió fuerte y tupido esta semana, tras unas declaraciones que lanzó durante la misma. Antes, siendo diputado electo por Nuevas Ideas fue criticado cuando ‒por ejemplo‒ aseguró que “el mundo” estaba “hablando bien de El Salvador por el Bitcoin [sic] y no ya por las maras”. Que yo sepa, de esta comarca nunca se ha hablado “bien” por esas agrupaciones delictivas. Ante esa patinada, cabe señalar que varios nobeles de Economía criticaron lo primero y hasta simpatizantes de su partido le respondieron sobre lo segundo, diciendo que no se podía “tapar el sol con un dedo” pues el pueblo aún vivía “una realidad de crisis”.
Y siguió “luciéndose” luego de que la diplomática estadounidense de mayor rango en nuestro país indicó que la “incertidumbre” generada por decisiones gubernamentales recientes, está propiciando que empresas de la nación que representa decidan invertir en otras plazas. “Que se lleven las ensambladoras de calzoncillos que pensaban traer”, objetó Guevara. “No necesitamos esos sueldos de hambre”, arguyó; léase, los dólares del salario mínimo en el sector de la maquila textil decretado por su partido y comparsas que lo acompañan.
A esta última embarrada, agréguese otra ‒también fresca‒ en una materia muy delicada y de mi mayor interés. Recién tuiteó proclamando que le extrañaba “ver a tantos defendiendo con uñas y garras a un sistema de justicia que le falló a: Monseñor Romero, [l]os mártires de la UCA, Rutilio Grande, [l]os campesinos de El Mozote, Kathya [sic] Miranda”. Y remató así: “¿En serio, están del mismo lado?”. Probablemente se pregunten porqué dicha zanganada me motiva a opinar. Pues porque me la tomo como algo personal, lo cual explico a continuación.
Resulta evidente que este señor, al hablar de esa supuesta “defensa” de un sistema ciertamente fallido, se refiriere a quienes no estamos de acuerdo con las reformas a la Ley de la Carrera Judicial recién aprobadas. Comparto y defiendo tal rebeldía ante lo perpetrado por la bancada legislativa que él preside, aliada con sus aprovechados “socios” entre los cuales más de alguno le facilitó la “gobernabilidad” a “los mismos de siempre”. Pero que me oponga a considerar eso que votaron como una verdadera “depuración”, no me convierte en favorecedor de la corrupción que ha corroído el aparato de “justicia” nacional desde antes, durante y después de la guerra.
Eso sí, a lo largo de mi algo extendido navegar en dichas aguas infestadas acompañando víctimas de violaciones de derechos humanos, he conocido los tentáculos de semejante “pulpo”; también he visto no poca gente perjudicada por este, junto a otro tanto que ha sido seducida por esa bestia para convertirla en aliada y beneficiada. Y entre esta última se encuentra una buena cantidad de vividores y vividoras; no solo dentro del Órgano Judicial, sino también en el Ejecutivo y el Legislativo. Me consta entonces que en la judicatura no todas las personas mayores de 60 años son corruptas, como tampoco todas las menores de esa edad son honestas.
Eso me dice una experiencia de casi tres décadas durante las cuales he dirigido el litigio en numerosos casos, peleando con todo y contra todo; particularmente, lo hice en dos de los mencionados por Guevara: el de la masacre en la universidad jesuita, conocida como la UCA, y el de Katya Miranda. En el primero desde 1992, por mucho tiempo dentro del país, y hasta lograr este año la condena judicial firme del coronel Inocente Montano en España así como la moral e histórica de sus compinches de “la tandona”; en el segundo, aún continuamos batallando en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Otro que merece la pena mencionarse es el del asesinato de Ramón Mauricio García Prieto Giralt, perpetrado en 1994. Por acompañar al padre y a la madre de este joven profesional, sobreviví a un atentado en 1985; pero, sin importar los riesgos, logramos mandar a la cárcel a dos de sus autores materiales y conseguimos el fallo contra el Estado salvadoreño en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por no investigar a los presuntos responsables intelectuales entre los cuales siempre se señaló al general Mauricio Vargas.
Así que conozco las entrañas de un monstruo que no será derrotado con un “gatopardismo” como el actual; es decir, cambiar todo de forma para no cambiar nada de fondo. Eso fue lo que se hizo, de diferente manera, tras el fin de la guerra. Para una profunda y real depuración del sistema de justicia salvadoreño, una que no responda a los intereses del Gobierno de turno y de sus “socios” visibles e invisibles, existen mecanismos institucionales dentro y fuera del país que deben ser activados. Eso es lo que no están haciendo ahora.
