Aldo Cáder Camillot, renunció irrevocablemente a su cargo como magistrado propietario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, después de ser destituido por la Asamblea Legislativa.
"Debido al lamentable acontecimiento político partidario… estimo necesario expresar que mi persona JAMÁS ha estado vinculada ni ha respondido NUNCA a intereses de ningún partido político ni de ningún poder económico o de cualquier otra naturaleza”, informó Cáder en una carta divulgada por él mismo, en su cuenta de Twitter.
Los diputados de la recién instalada Asamblea que apoyaron la destitución aseguraron que "los actuales magistrados de la Sala de lo Constitucional actuaron contra la Constitución, poniendo en primer lugar intereses particulares por sobre la salud y la vida de toda la población".
Según consideraron, los jueces pusieron a la población "en peligro al no cumplir las medidas que internacionalmente han sido utilizadas".
En ese sentido, Cáder destacó que "todas mis decisiones como juez constitucional han sido emitidas conforme a mi criterio jurídico en respeto a la Constitución".
Según la Carta Magna salvadoreña, los magistrados de la CSJ y otros funcionarios públicos pueden ser destituidos por la Asamblea Legislativa por causas específicas, previamente establecidas por la ley.
Sin embargo, expertos, decenas de organizaciones sociales y la comunidad internacional consideran, no obstante, que la medida, pese a ser legal, tiene puntos éticos cuestionables.
