La Comisión Política de la Asamblea Legislativa acordó este miércoles por unanimidad pedir una prórroga de tres meses (90 días) a la Sala de lo Constitucional para elaborar un proyecto de Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional, acción que ya la solicitó el Laboratorio contra la Impunidad (LIASCI), bufete de los abogados Benjamín Cuéllar y Pedro Martínez, de los principales promotores de la derogatoria de la Ley de Amnistía de 1993.
La subcomisión especial que se creó para el estudio de la iniciativa ya había adelantado que no lograban cumplir con el plazo fijado por el tribunal constitucional, es decir el 13 de julio, para presentar la nueva normativa, por tanto enviaron nota a la Comisión Política para que extendiera el plazo.
Hoy queda en manos de los magistrados si avalan la prórroga solicitada por los diputados o por el contrario deberán cumplir con el plazo ya establecido.
Para los legisladores, el 13 de octubre es un tiempo prudencial para estudiar, analizar y aprobar la normativa.
Pero esta propuesta dista de la planteada por el Laboratorio de Investigación y Acción Social contra la Impunidad (LIASCI), del Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador.
El planteamiento de ellos va más allá, pues piden que el presidente Nayib Bukele prepare un informe, al igual que a los Ministerios de la Defensa Nacional, Hacienda y la Fiscalía General de la República.
En julio de 2016 la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la Ley de Amnistía que aprobó el Palacio Legislativo en 1993 y dio un plazo para que informara sobre los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra que violentaron los derechos humanos durante el conflicto armado interno que vivió el país en los años 80.
Los promotores de esa demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía (1993) fueron Benjamín Cuéllar y Pedro Martínez, quienes ahora están al frente del LIASCI. Desde este espacio han seguido de cerca el cumplimiento de la sentencia.
Sin embargo, fue necesario que esa misma Sala hiciera una sentencia de seguimiento de lo que ordenó en 2016. Así, en julio de 2018, la Sala dio un plazo más específico para tener la nueva normativa. Fue entonces que los diputados organizaron la comisión ad hoc, y luego, la subcomisión.
En ese sentido, el LIASCI solicitó una prórroga hasta el 13 de diciembre del presente año, de tal manera que se realice una real, transparente y amplia consulta a fin de aprobar una ley que esté acorde con los parámetros ya fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y lo demandado por la Sala de lo Constitucional.
Y es precisamente en el cumplimiento del fallo, que la CIDH instó a la Sala informar, si con base a sus facultades, puede hacer un control previo de constitucionalidad o si en las audiencias y resoluciones de seguimiento para acatar lo mandatado por el tribunal, es posible valorar si el citado control estará contemplado en la nueva ley que deberán elaborar los diputados.
El LIASCI ha pedido una tercera audiencia a partir de los informes que presenten las autoridades emplazadas y que detallen de los avances que se han logrado en el contexto de la nueva legislación.
