El agua es tema de agenda nacional. Pero ante todo, es un tema esencial para nuestras vidas. La mal llamada izquierda no pudo, a lo largo de casi 10 años, posicionar la problemática y defender una legislación que garantice el derecho al agua y sus garantías constitucionales. El movimiento social ha tenido que salir a las calles a defender sus derechos por su propia cuenta.
La bancada de derecha, encabezada por ARENA, que ahora cuenta con mayoría en la Asamblea Legislativa, ha dejado ver su enfoque mercantilista del vital líquido y propone una legislatura que busca privatizar el órgano de administración y el servicio de distribución del agua, al mejor postor, quien la usufructuaría para su máxima ganancia y no por el bien de la población.
El agua se ha convertido en una problemática nacional por varios factores: por la mala administración del gobierno, el alto crecimiento poblacional y el descuido de los mantos acuíferos, derivado de la degradación de nuestro medio ambiente. Ahora, la posible escases del agua es un escenario que todos nos planteamos.
La empresa privada también se figura este escenario y ha empezado a mover sus piezas para buscar asegurarse este recurso, que le es indispensable como insumo de producción y prestación de servicios, y le es sumamente apetecible como producto de comercialización, como un bien de consumo que se necesita todos los días para diferentes actividades de la vida cotidiana.
Hemos llegado a un punto en el que, ante recurso natural limitado y mal administrado, se contraponen diferentes intereses de diversos sectores de la sociedad, y se discute su futuro modelo de administración y garantías constitucionales.
Es cierto que el agua ha sido mal administrada y que ANDA es una institución pública muy criticable, en declarada bancarrota financiera, con un deplorable mantenimiento a su infraestructura de producción y distribución, falta de inversiones estratégicas y diversificación de fuentes de extracción, y, por si fuera poco, con una pésima atención al usuario, entre otros.
Pero ANDA no es la única que ha fallado. También han fallado las instituciones encargadas de la planificación y ordenamiento territorial, que han permitido construcciones en zonas de recarga acuífera, y las encargadas de la preservación del medio ambiente y el resguardo de los mantos acuíferos, fundamentales para la disponibilidad del recurso hídrico.
Sin embargo, la mala actuación de las instituciones del gobierno y la falta de políticas efectivas de ordenamiento territorial y planificación urbana, no son justificación para privatizar la administración del agua; es más bien, una confirmación que debe haber una cambio del gobierno a cargo de dichas instituciones.
Desde ninguna perspectiva es admisible que la empresa privada forme parte del órgano de administración del recurso hídrico, porque su lógica es la rentabilidad de sus inversiones y operaciones, no el resguardo de las condiciones que aseguren su sostenibilidad y acceso para la mayoría de la población.
La empresa privada es un actor importante en la sociedad para la producción de bienes, prestación de servicios y generación de empleos, y el gobierno debe garantizarles las condiciones para que puedan operar con efectividad, entre ellas, el suministro del agua; pero siempre a título de usuarios del vital líquido, nunca en un rol de administradores del mismo.
El agua es un bien indispensable para nuestra vida en sociedad, que debe ser administrada por la máxima representación de la sociedad, que es el gobierno y otros actores sociales mayoritarios, quienes deben procurar un enfoque de derecho de acceso al agua y respeto al medio ambiente, pero también de responsabilidad en su consumo y sanciones efectivas por su contaminación.
Solo así procuraremos un futuro sostenible para nuestros hijos y una vida digna para las mayorías populares de El Salvador, evitando que nuestra agua se convierta en una mercancía a la merced del mejor postor.
