La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió, este jueves, la demanda de inconstitucionalidad en contra del nombramiento de Mauricio Antonio Arriaza Chicas como director de la Policía Nacional Civil (PNC).
La demandante, Ruth Eleonora López, sostuvo que se está violando el ordenamiento constitucional, ya que Arriaza Chicas es teniente en grado de reserva en las Fuerzas Armadas de El Salvador.
Además, fue instruido en la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios y posteriormente de la Escuela de Carabineros de Chile, por lo que López con una publicación del Diario Oficial de mayo de 1994, se respalda al indicar que el señalado si ha recibido formación castrense y forma parte de esa institución.
Por lo tanto consideró, que no puede estar al cargo de la institución, porque quien debe encabezar la PNC es un civil.
“La seguridad pública tiene un carácter civil, de manera que un militar está inhabilitado para ejercer (…) siendo irrelevante el tiempo que haya transcurrido desde su inactividad”, puede leerse en la admisión.
Asimismo, sostuvo que el funcionario fue parte de la extinta Policía Nacional que dependía del Ministerio de la Defensa.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió una demanda de inconstitucionalidad contra el nombramiento de Mauricio Antonio Arriaza Chicas como director de la Policía Nacional Civil (PNC). El recurso lo presentó la abogada Ruth Eleonora López Alfaro.
La demandante argumentó que el nombramiento de un militar de carrera como director de la PNC transgrede la separación de funciones entre la defensa nacional y la seguridad pública, la independencia de la PNC respecto a la Fuerza Armada y el mandato constitucional que establece que la PNC debe ser dirigida por autoridades civiles.
Arriaza Chicas, de acuerdo con la demanda, tiene el grado de militar en condición de reserva y que es notorio que se graduó de la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios y posteriormente de la Escuela de Carabineros de Chile llegando al grado de teniente de la extinta Policía Nacional que dependía del Ministerio de la Defensa.
López Alfaro pidió a los magistrados suspender el nombramiento de Arriaza Chicas como director de la institución porque, según ella, el nombramiento ha traído “serios problemas” en el manejo de la seguridad pública como las detenciones ilegales perpetradas durante la cuarentena obligatoria que el Gobierno de Nayib Bukele ordenó para evitar la propagación del coronavirus y la invasión armada a la Asamblea Legislativa ocurrida el 9 de febrero de 2020.
La medida cautelar, sin embargo, fue rechazada.
La Fiscalía General de la República ordenó la captura de Arriaza Chicas y la de once policías más y los acusó de fraude procesal, es decir, por “viciar y manipular” pruebas para capturar a Nelson Martínez Comandari. Se le atribuyó el haber implantado un fusil al investigado. Al final fue absuelto.
En 1995 siguiente fue acusado de también haber manipulado las investigaciones del asesinato de la locutora de radio Lorena Saravia.
En 1997 se le vinculó con la compra de un testigo que incriminó a Miguel Ángel Pozo Aparicio, el fallecido narcotraficante que fue condenado por ordenar el asesinato de tres mujeres y cuatro niños en el reparto Valle Nuevo, de Ilopango, San Salvador.
En junio del año 2000 fue despedido de la PNC. En una entrevista con El Diario de Hoy, publicada el 19 de abril de 2004, contó: “Después busqué trabajo en seguridad pública y no lo encontré, porque se había creado una imagen negativa, de desprestigio, la gente tenía temor, tenía miedo, no encontré empleo”. No le quedó más remedio que migrar a Estados Unidos a trabajar “como cualquier salvadoreño”.
