El Alto Comisionado de las Naciones Unidas (UCNDH) y unas 109 organizaciones de la sociedad civil salvadoreñas y de al menos quince países de América se suman al rechazo de las acciones parlamentarias de diputados de la Asamblea Legislativa de El Salvador, por la destitución unánime del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), y de cinco de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“Lamentablemente, lo que vemos en El Salvador es la profundización de una alarmante tendencia hacia la concentración de poderes. denunció la titular de la UCNDH, Michelle Bachelete, en observación de la representación del partido Nuevas Ideas en la presidencia y en la mayoría parlamentaria; y hasta en la Sala de lo Constitucional.
Los hechos habrían tenido lugar en el desarrollo de la primera sesión plenaria, el pasado primero de mayo, en la que se celebraría la toma de posesión al cargo de diputados, a los candidatos electos de las recientes elecciones legislativas del pasado 28 de marzo.
“Quiero recordar a todas las autoridades estatales la necesidad de cumplir con sus obligaciones de derecho internacional para restaurar el Estado de Derecho y la separación de poderes”, demandó.
Los Hechos
Tras ejercer la destitución en conjunto de 56 parlamentarios, Marina Marenco, Óscar Pineda, Carlos Sánchez, Aldo Cáder y Carlos Avilés fueron destituídos por el acutal presidente del Máximo Tribunal, a Óscar Alberto Lópes; por el comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Luis Javier Suárez; por el asesor jurídico de la Presidencia de la República, Luis Ángel Chacón; a la magistrada de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Elsy Dueñas Lovos y por el ex-fiscal y abogado Héctor Nahúm García.
Asimismo, el entonces titular de la FGR, Raúl Melara, fue sustituido por el abogado Rodolfo Delgado, tal y como lo escrutaron 64 de los 84 parlamentarios.
La decisión, sin embargo, fue rechazada por la misma Sala de lo Constitucional, declarándola inconstitucional, “en tanto que viola la forma de gobierno republicana, democrática y representativa y el sistema político pluralista (artículo 85 de la Constitución)”; porque “viola la independencia judicial (artículo 172 inciso 3° de la Constitución”, y porque ejerce “coacción” al no contar con las garantías procesales mayores a las de los órganos legislativo y ejecutivo, sentenció.
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“El procedimiento seguido para cesar a todos los jueces de la Corte Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general no cumplió con los estándares requeridos sobre el debido proceso, lo que es una infracción de la ley internacional de derechos humanos y un ataque directo a la independencia judicial, clave para el funcionamiento democrático”, sostuvo la alta comisionada, Michelle Bachelet.
Las Denuncias
Ante los señalamientos expresados por la Sala de lo Constitucional, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) expresaron su rechazo; y esta última anunció la instalación de la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna Integrada (SACROI), para “monitorear y atentar la grave situación que afecta la institucionalidad y los DDHH en el país”.
“Ante las decisiones adoptadas ayer por la asamblea legislativa de el salvador, rechaza la destitución de los magistrados de la sala de lo constitucional de la corte suprema de justicia y la del fiscal general, Raúl Melara, así como las acciones del poder ejecutivo que guiaron estas decisiones”, anunció la OEA.
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Al día siguiente, la CIDH solicitó la cobertura cautelares a favor de los cinco magistrados destituidos, según la organización, de forma “arbitraria”. En su demanda, solicitó la observación de la misma; información sobre hechos investigaciones concertadas a raíz de la destitución; información sobre recursos de protección, e información sobre procesos judiciales generados en contra de los propuestos beneficiadosemo.
La decisión fue también reafirmada por la alta comisinada, para quién “los jueces y fiscales deben ser protegidos de interferencias inapropiadas y de intimidación”.
Por otra parte, el representante del la organización Human Right Watch (HRW) responsabilizó al presidente Bukele de las acciones parlamentarias; y le amenazó con afectar las relaciones diplomáticas de El Salvador con Estados Unidos; y las financieras, con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
“La acción de los diputados y diputadas que avalaron con su voto la remoción de autoridades elegidas constitucionalmente genera inestabilidad y conflictividad en el país, reduce las posibilidades de desarrollo humano y económico, y aumenta el riesgo de que ocurran violaciones a derechos humanos. El Salvador no necesita esto”, anunciaron, ésta mañana, unas 56 organizaciones salvadoreñas.
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Las Demandas
Un total de 56 organizaciones salvadoreñas reiteraron su posición en contra de las acciones legislativas, demandando al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y a la Asamblea Legislativa, que restauren el orden constitucional. Entre otras cosas, también demandaron la solidaridad de la comunidad internacional para observar y posicionarse en contra de la decisión parlamentaria..
Hicieron, asimismo, un llamado a la sociedad salvadoreña, a que desconozcan los cargos de los nuevos funcionarios electos, en las sustituciones de la Sala de lo Constitucional y de la FGR.
En adelante, otras 53 organizaciones humanitarias de 15 diferentes países de Améica, también se pronunciaron en contra de las acciones parlamentarias, sosteniendo que la misma atenta en contra de la separación de poderes republicanos, y de la democracia en El Salvado.
“Alertamos a los organismos internacionales de derechos humanos, y la comunidad internacional e interamericana de naciones sobre la gravedad de estos hechos, y hacemos un llamado público a adoptar medidas inmediatas para evitar un escenario de ruptura democrática en el país, a través de los mecanismos previstos en la Carta Democrática Interamericana”, establecieon.
