La Corte Interamericana de los Derecho Humanos (CIDH) demandó al Estado la aplicación de medidas cautelares a favor de empleados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que fueron destituidos durante la sesión plenaria del pasado sábado primero de mayo, por la Nueva Asamblea Legislativa.
Los beneficiados responden a los nombres de Aldo Enrique Cáder Camilot, Carlos Ernesto Sánchez, Carlos Sergio Avilés, José Oscar Armando Pineda, Marina Marenco de Torrento, quienes prestaron sus servicios a la Sala de lo Constitucional, de la CSJ, como magistrados propietarios y suplente, en periodos desde 2014 hasta el primero de mayo del presente año.
La destitución de los funcionarios fue sucedida de la concertación de nuevos magistrados: el presidente del Máximo Tribunal, a Óscar Alberto Lópes; al comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Luis Javier Suárez; al asesor jurídico de la Presidencia de la República, Luis Ángel Chacón; a la magistrada de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Elsy Dueñas Lovos y al exfiscal y abogado Héctor Nahúm García.
Sin embargo, dicho proceso fue definido como inconstitucional, al término de la sesión plenaria, “en tanto que viola la forma de gobierno republicana, democrática y representativa y el sistema político pluralista (artículo 85 de la Constitución)”; porque “viola la independencia judicial (artículo 172 inciso 3° de la Constitución”, y porque ejerce “coacción” al no contar con las garantías procesales mayores a las de los órganos legislativo y ejecutivo, sentenció la institución judicial.
En la demanda a la CIDH, se solicitó, entre otras cosas, la observación de la misma; información sobre hechos investigaciones concertadas a raíz de la destitución; información sobre recursos de protección, e información sobre procesos judiciales generados en contra de los propuestos beneficiados.
