Con 64 votos a favor, la Nueva Asamblea Legislativa concertó la destitución del fiscal general de la República y de cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La decisión fue declarada como inconstitucional ante la propia Sala de lo Constitucional, y denunciada por la Organización de Estados Americanos (OEA), por la Comisión Inter-americana de los Derechos Humanos (CIDH), y organizaciones como la Human Right Watch (HRW).
VEA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Y JUSTICIA INTERNACIONAL RECHAZAN DESTITUCIÓN DE FISCAL Y MAGISTRADOS
Ante la negación de la decisión del parlamento salvadoreño, HRW amenazó con influir sobre las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, y las financieras con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y con el Fondo Monetario Internacional. Otras organizaciones, como el Grupo de Análisis de El Salvador (GAE) denunciaron las injerencias internacionales sobre la autonomía del país.
“Exigimos respeto a nuestra autodeterminación y soberanía de Estado, rechazamos injerencias extranjeras en nuestra política interna de transformación democrática de El Salvador”, comunicó el GAE.
Ante la confrontación internacional, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), demandó a la OEA la promoción de las gestiones diplomáticas necesarias, que permitan reintegrar el orden constitucional, de manera pacífica.
“Nunca estaré en favor de ejercer defensa a funcionarios o empleados que se hayan alejado de sus mandatos constitucionales, pero creo indispensable que se respete la garantía del debido proceso al momento de limitar el ejercicio de un derecho a las personas en general”, reafirmó el titular de la PDDH, Apolonio Tobar.
Entretanto, simpatizantes de Nuevas Ideas, la institución partidaria oficial, han justificado la concertación parlamentaria con una “limpieza” institucional precedida por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, para destituir a funcionarios públicos con señalamientos de corrupción.
“La destitución de los magistrados y del fiscal es un golpe al control absoluto del crimen organizado en la institucionalidad estatal, asimismo, desmantela la corrupción e independiza a los Poderes del Estado del narcotráfico, lavado de dinero, evasión de impuestos, contrabando y de otros hechos”, expresó la GAE. “Es de hacer notar, que OEA cuando había flagrantes violaciones a los derechos humanos y corrupción institucionalizada en los 30 años de gobiernos de ARENA-FMLN guardó silencio, pero hoy aparecen defendiendo el sistema que los protegió”, añadió.
Entre otras cosas, la PDDH también demandó el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Comunidad Internacional para establecer mediación, ante la confrontación. Y reiteró a las autoridades públicas el debido cumplimiento de los procesos legales.
- Y pidió a la población “guardar la calma en estos momentos y esperar que el diálogo genere un clima de gobernabilidad y tranquilidad para todos y todas”.
