La instalación de los nuevos legisladores tuvo lugar en la primera sesión plenaria de la Asamblea Legislativa. Entre otros puntos, con un total de 64 votos a favor, representantes de los partidos Nuevas Ideas, GANA, PDC y PCN concertaron la destitución formal del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Raúl Melara; y de los titulares de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Marina Marenco, Óscar Pineda, Carlos Sánchez, Aldo Cáder y Carlos Avilés.
“La población ha sido testigo que tenemos un fiscal partidario, por lo que cuando ocurre algo ligado a sus colegas, no los procesa. Es nuestro deber despartidizar estas instituciones para que puedan cumplir con las funciones que la Constitución les otorga”, expresó la diputada del partido NI, Ana Figueroa.
La decisión, sin embargo, fue rechazada por la misma Sala de lo Constitucional, declarándola inconstitucional, “en tanto que viola la forma de gobierno republicana, democrática y representativa y el sistema político pluralista (artículo 85 de la Constitución)”; porque “viola la independencia judicial (artículo 172 inciso 3° de la Constitución”, y porque ejerce “coacción” al no contar con las garantías procesales mayores a las de los órganos legislativo y ejecutivo, sentenció.
Entre otras cosas, expuso que “esto se debe a que, con una marcada intención de suprimir los controles efectivos hacia el Órgano Ejecutivo y Legislativo, incide negativamente en el control del ejercicio del poder que efectúa esta sala, el cual resulta necesario para una República, para la defensa y garantía del elemento sustancial de una democracia (derechos fundamentales, que también forman parte del sistema político) y para asegurar una democracia representativa compatible con la Constitución”.
Ante las alertas giradas en contra de las decisiones de la Nueva Asamblea Legislativa, el presidente salvadoreño aprobó la legitimidad de los resultados.
“Solo se cortaron los hilos de tus títeres (…).Y el pueblo Salvadoreño, a través de sus representantes,“¡DESTITUIDOS!”, expresó el mandatario, desde su cuenta de Twitter.
La Nueva Asamblea Legislativa pasó a conformarse con la mayoría parlamentaria a favor del partido Nuevas Ideas, de un total de 56 diputados; 14 legisladores del partido ARENA; 5 de GANA y 4 del FMLN. El resto de instituciones políticas tuvieron proporciones inferiores de hasta un diputado representante.
El desarrollo de la plenaria llevó a la elección del nuevo titular de la FGR, Rodolfo Antonio Delgado Montes, con 64 votos en su favor; y quien tendrá sus funciones a partir de ésta fecha al 5 de enero de 2022. La nueva figura electa habría sido el abogado defensor de director la la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, cuando éste fue acusado de incumplimiento de deberes.
Asimismo, se concertó la postulación de los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional al presidente del Máximo Tribunal, a Óscar Alberto Lópes; al comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Luis Javier Suárez; al asesor jurídico de la Presidencia de la República, Luis Ángel Chacón; a la magistrada de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Elsy Dueñas Lovos y al exfiscal y abogado Héctor Nahúm García
La Denuncia Internacional
Pese a las decisiones ejercidas por los parlamentarios, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se sumaron a la protesta, para denunciar supuestas irregularidades, y la vulneración al Estado de Derecho, reafirmando la reciente sentencia de la Sala de lo Constitucional, por la destitución del fiscal y de los magistrados.
En un comunicado oficial, al OEA anunció que “ante las decisiones adoptadas ayer por la Asamblea Legislativa de El Salvador, rechaza la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y la del Fiscal General, Raúl Melara, así como las acciones del Poder Ejecutivo que guiaron estas decisiones”.
Asimismo, la CIDH demandó al Estado salvadoreño el cumplimiento con la reciente sentencia de inconstitucionalidad, para garantizar la separación de poderes; y anunció el monitoreo y la atención del acontecimiento.
“La CIDH decide instalar la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada – SACROI El Salvador para monitorear y atender esta grave situación que afecta la institucionalidad y los DDHH en el país”, anunció la CIDH, para investigar el caso.
La OEA también recomendó a El Salvdor el cumplimiento del estado de derecho, la adopción de medidas democráticas; al promoción y garantía de los derechos humanos; el fortalecimiento de la transparencia, entre otras cosas
“El más pleno respeto al Estado de Derecho Democrático es esencial. Las mayorías parlamentarias y la acción de Gobierno deben fortalecerlo permanentemente con diálogo político para el mejor funcionamiento de la democracia. Las acciones que lleven a su erosión y a la cooptación del Poder Judicial solamente conducen a una sociedad injusta, basada en la impunidad y en la persecución política”, añadió la OEA.
Otras denuncias y amenazas se sumaron, expresar el rechazo de las decisiones de la Nueva Asamblea Legislativa. El representante del la organización Human Right Watch (HRW) responsabilizó al presidente Bukele de las acciones parlamentarias; y le amenazó con afectar las relaciones diplomáticas de El Salvador con Estados Unidos; y las financieras, con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
“Quiero que a Bukele le quede claro: Haremos todos los esfuerzos para que este asalto a la democracia afecte su relación con el gobierno de EEUU, el Banco Mundial, el FMI y el BID. Hoy en Washington el Estado de derecho es una condición necesaria”, expresó, desde su cuenta de Twitter.
Entre las tantas denuncias, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico reiteró la demanda de la CSJ, y definió las acciones parlamentarias como un “intento de golpe de Estado”.
Hizo también un llamado a la comunidad internacional, “a estar atentos ante esta actuación autoritaria, que conlleva a la destitución del orden democrático, que elimina la separación de poderes en El Salvador, y amenaza las libertades individuales de los salvadoreños.”
La tarde de éste domingo, instituciones políticas y organizaciones sociales y se reunirán en el Monumento a la Constitución, ésta tarde, para protestar en contra de las decisiones de la Nueva Asamblea Legislativa, a las que también definen como un “intento de golpe de Estado”.
