Que Mariano Rajoy sea gallego como lo fue Francisco Franco, es probablemente una mera coincidencia; pero lo que definitivamente no es casual, es el hedor putrefacto del franquismo que se respira al interior del Partido Popular(PP), sucedáneo de la extinta Alianza Popular, y vaya con las similitudes, fundada por Manuel Fraga, ¡otro gallego!
Pero no piensen los lectores que pretendo hacer un silogismo aristotélico con lo expresado anteriormente y concluir con un razonamiento categórico, afirmando que todos los gallegos y todas las gallegas son hombres y mujeres de derechas. Definitivamente que no es así. Así como hay gallos y gallas en Chile que aplaudieron al dictador, la mayoría de la “gallá ” votó por el “No” en 1988. Y Pinoshit tuvo que dejar el poder a regañadientes.
Por otra parte, cualquier comparación de Mariano Rajoy con el dictador Francisco Franco sería hiperbólica, puesto que Franco jugó en otro equipo y en la liga de las dictaduras más tenebrosas y crueles del siglo XX. Si de parangones se tratara, probablemente sea Pinoshit el personaje más lúgubre y macabro en la historia de la edad contemporánea comparable a Francisco Franco. Ambos, militares de carrera, fueron continuadores de la ideología político-militar más brutal y reaccionaria del Gran Capital y de la gran burguesía internacional conocida como fascismo. En este sentido, tanto Franco como Pinoshit junto a Hitler y Mussolini pueden considerarse como los cuatro jinetes apocalípticos que en su gran cruzada contra el comunismo sembraron guerras, hambre, enfermedades y muerte.
Mientras la gran parte de la clase política de centro derecha de Alemania, Italia y Chile logró con el tiempo sacudirse ““más o menos”“ de la ideología fascista de las dictaduras, en España, empero, todavía se siente el hálito de Francisco Franco en todo lo concerniente al concepto de nación española y al poder de Madrid. Esto quedó evidenciado en el 2005, cuando el Partido Popular se opuso a las reformas del estatuto de autonomía de Cataluña de 1979 que el parlamento catalán había aprobado por mayoría. A pesar de la oposición del PP, el nuevo estatuto fue sometido a un referendo en el año 2006, siendo este aprobado por la mayoría de los votantes.
Pero Mariano Rajoy y el Partido Popular, no reconocieron la voluntad de los catalanes, recurrieron de inmediato al Tribunal Constitucional pretendiendo lograr la anulación de 114 artículos de los 223 del Estatuto de Autonomía de Cataluña 2006, es decir, más del 50% de los mismos.
Finalmente, el 28 de junio del 2010 el Tribunal Constitucional dictaminó sentencia, avalando la mayor parte de los estatutos, y al mismo tiempo anulando 14 artículos. Esto significó un duro revés para los catalanes, quienes pretendían, entre otras, legalizar el carácter preferente de la lengua catalana(Art.6) en la comunidad, además de lograr contar con un Poder Judicial autónomo(Art.97), así como la ampliación de sus competencias en asuntos fiscales (Art.206 y 218).
Fue en este marco político, muy caldeado por lo demás, que se fue gestando el referéndum de independencia y autodeterminación de Cataluña, convocado por la Generalitat de Cataluña y suspendido por el Tribunal Constitucional el 7 de septiembre de 2017. Finalmente, el referéndum se llevó a cabo de manera ilegal el 1 de octubre de 2017. Los resultados demostraron que solamente un 43 % de la población votante participó en el mismo.
Pero independientemente de la validez o de la interpretación de los resultados, el hecho es que Mariano Rajoy, por miopía política o tozudez, desoyó las advertencias parlamentarias de los partidos de la oposición, contribuyendo con su letargia política a la escalación del conflicto entre la Generalitat y el gobierno central.
Mariano Rajoy, al reducir el conflicto con Cataluña a un problema meramente jurídico, ha recurrido a la fuerza pública para hacer cumplir lo establecido en la constitución. Esto, que desde el punto de vista jurídico es legal y correcto, políticamente es un error estratégico gravísimo, puesto que el conflicto entre Cataluña y el Estado Español, muy antiguo por lo demás y a decir del filósofo Ortega y Gasset sin solución alguna, va más allá de la complejidad de los estatutos, derechos, obligaciones y atribuciones de cada una de las gobernaciones autónomas en relación con el poder central del estado español. Puesto que, tratándose de un problema POLíTICO, con raíces histórico-culturales complejas, la solución debe ser política. Esto quiere decir, que tarde o temprano se tendrá que revisar concienzudamente la constitución de 1978, así como los estatutos de las autonomías, y finalmente, plantearse seriamente la federalización del estado español. Para esto se requiere necesariamente del dialogo y la negociación de todas las fuerzas políticas en juego.
Ahora bien, por el momento el clima político en Cataluña está polarizado y en estas circunstancias la decisión del gobierno de Rajoy de aplicar el artículo 155 de la constitución bien puede entenderse en Cataluña como una orden militar: ¡Acata, Cataluña!
Es obvio, que estas drásticas medidas provocaran una reacción radical y furibunda en una parte de la ciudadanía catalana, lo cual no contribuirá a resolver pacíficamente el problema. Más allá de la inviabilidad de la República de Cataluña, soberana e independiente en el marco de la Comunidad Europa y de la futura Europa que se está construyendo, no será por la vía manu militari que se pondrá fin a las aspiraciones independentistas y separatistas de los catalanes, sino precisamente todo lo contrario.
