Apuntaré dos hechos: el primero, la falta de consenso en la Asamblea Legislativa (AL) ha ocasionado que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (SCCSJ) no cuente, desde hace cuatro meses, con magistrados. Y el segundo, el rápido consenso en la AL que propició, hace más de 17 años, que El Salvador se dolarizara.
El primer hecho, para muchos abogados, es una situación delicada e intolerable, al grado tal, que algunas de sus gremiales, han alzado su voz, presionando al órgano legislativo para el cumplimiento de esa responsabilidad, a la vez que, han calificado como crisis la actual coyuntura. En efecto, el estribillo de crisis entonado por la mayoría de los abogados es tal, que causó estupor y críticas la opinión disonante de la abogada Lidia Castillo, al comentar que usar la palabra crisis es exagerada.
Similarmente al proceder del gremio de abogados, ante la dolarización, muchos economistas alzaron su voz en desacuerdo, sin embargo, la mayoría lo hicieron desde una postura prudente y reflexiva, señalando los costos y enfatizando sus riesgos, con la claridad de afrontar el reto de adaptar con ingenio una nueva administración de riesgos para evitar la irrupción de crisis, es decir, la mayoría de economistas a diferencia de la mayoría de abogados entienden de manera correcta el término crisis como la realización de los riesgos.
Normalmente existen fanáticos o personas con un estrecho conjunto de información en todas las profesiones. Dentro de ese grupo, los economistas sienten que la falta de política monetaria es una tragedia, como lo es la ausencia de magistrados para los abogados.
Para estos fanáticos y desinformados, es aberrante y objeto de burla; comparar la situación de no tener magistrados con la de no tener moneda propia. Para los desinformados, enseguida expondré que ambas situaciones no son tan diferentes en cuanto a la envergadura de los riesgos que conllevan, y lo más importante, señalaré que en el país existen redes de seguridad para que estos riesgos no se realicen.
Empezaré señalando uno de los riesgos por estar dolarizados, y como los economistas hemos diseñado una red de seguridad, compuestas por muchas capas, tal cual cebolla, asegurando que si alguna situación supera la primera, inmediatamente se encuentre la otra, mitigando así el riesgo. En efecto, con la dolarización no es posible que el Banco Central de Reserva (BCR) cumpla con su rol de Prestamista de Última Instancia, implicando que, ante un problema de liquidez temporal en un banco se convierta en un problema de insolvencia, lo que podría repercutir en todo el sistema financiero, surgiendo una crisis. Para mitigar ese riesgo, la red de seguridad de liquidez en el país consta con una primera capa, las reservas obligatorias, seguida de la capa de las inversiones en activos líquidos, la capa de asistencia del BCR a través líneas de crédito contingentes y finalmente, la existencia del seguro de depósitos. Por si esta red de seguridad no fuera suficiente, existe un proyecto de agregar otra capa de protección: el fondo de liquidez.
En el caso de no tener magistrados, existe el riesgo que los derechos contenidos en el artículo 174 de la constitución no sean resueltos. Estos riesgos para que se realicen, requerirían como condición inexorable, la inexistencia o inoperancia de una red de seguridad de los derechos constitucionales.
Si bien, a veces desearía unirme a los abogados fanáticos y desinformados con el estribillo de crisis por la ausencia de magistrados, sólo con el afán de evidenciar como los economistas los hemos superado, al adaptarnos creando redes de seguridad para mitigar los riesgos relacionados con la dolarización. Debo sin embargo, ser honesto, y señalar que el Estado Salvadoreño, su andamiaje institucional y legal que lo componen, aún sin SCCSJ, está obligado a hacer cumplir la constitución, es decir, inherentemente cada componente del Estado tiene un rol en la red de seguridad para la protección de los derechos constitucionales.
Les propongo un ejemplo: suponga que se apruebe el presupuesto general de la nación 2019, subestimando los ingresos, debido a que no se especifica el compromiso para amortizar una deuda que vence en julio de ese año; acto el cual sería desconocido e irresuelto por la SCCSJ, por la falta de elección de magistrados, situación que pondría en riesgo al país de caer en una crisis. Sin embargo, para que ese riesgo se realice en crisis, el Ministro de Hacienda debería incumplir el principio de universalidad e integralidad del presupuesto, ignorando el dato cierto e íntegro de la amortización de deuda al momento de elaborar el presupuesto, y a la vez, tal falta, debería pasar inadvertida por la mayoría de diputados. En efecto, con este ejemplo señalo que, a pesar de no tener magistrados, existe institucionalidad para administrar el riesgo de que el Ministro de Haciendo no honre la deuda soberana.
En conclusión, a los abogados en pánico que gritan que estamos en crisis, deben calmarse, no enfocarse en la punta del iceberg (SCCSJ) y ampliar su conjunto de información conociendo el resto de las reglas del juego. Utilizando la jerga del economista, estos abogados deben integrar las expectativas racionales en su análisis, sólo así serán bienvenidos al lado oscuro, donde la metodología de análisis no es lo más importante, sino, lo único importante.
