La nueva propuesta de ley para juzgar los crímenes de guerra avanza en la Asamblea Legislativa, mientras en la discusión resurgen los diferentes puntos de vista; por ejemplo, quienes insisten en enfocar los esfuerzos en la reconciliación.
Uno de quienes defienden esta postura es Lisandro Quintanilla, quien representó a militares acusados de haber participado en el asesinato de los seis sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras (1989). “Creo que debería emitirse una nueva ley de amnistía”, comentó Quintanilla, durante la entrevista con República SV, de Canal 33.
Fue esta ley la que declaró inconstitucional la Sala de lo Constitucional en 2016. Tras esa sentencia, y una de seguimiento en 2018, fue que los diputados se pusieron manos a la obra para apresurar el proceso de formación de ley.
El abogado explicó durante la entrevista que la justicia transicional y restaurativa es un sistema diferente al de la justicia ordinaria. Una de las diferencias es que sus metas más importantes son la reconciliación y la paz de la sociedad, subrayó Quintanilla. Eso cambia las “consecuencias jurídicas” para los imputados, señaló, es decir, el enjuiciamiento y las sanciones. Pero la pena o sanción, en particular, es “lo menos importante” para el profesional del Derecho.
De hecho, Quintanilla fue más allá y señaló que, dentro de los límites de un sistema de justicia transicional, “no podés enjuiciar todo”, sino solo aquellos casos seleccionados que sirvan como “medidas ejemplarizantes” que den valor a las garantías de que no se repetirán las atrocidades de la guerra. En este sentido, señaló que el informe de la Comisión de la Verdad (1993) no es un fin en sí mismo, sino que bien, se necesitan filtros para seleccionar los crímenes de guerra y las graves violaciones a los derechos humanos que se llevarán a tribunales (dispositivos amplificadores).
El tema de las sanciones es lo que, a criterio de Quintanilla, está motivando un fuerte rechazo desde diferentes organizaciones. “Lo que quieren ver es que rueden las cabezas, a través de la guillotina, de todos los militares y que se queden en la calle indemnizando pecuniariamente a las víctimas”, criticó. Es más: para el entrevistado, no es el imputado quien deber resarcir a las víctimas en términos económicos, sino, el Estado.
Corado: hay pocos detalles de los operativos
En el programa también participó Humberto Corado, exministro de Defensa. Corado se refirió a los archivos militares que se han requerido desde diversas instancias de Gobierno para poder esclarecer graves crímenes de guerra.
Los representantes de las víctimas han requerido como prueba las bitácoras de las operaciones militares durante la guerra salvadoreña. Pero el exministro de Defensa, con persistencia, se niega a entregar esos detalles. Alegan que la información no existe, pero ya el Instituto de Acceso a la Información Pública ha ordenado reconstruir la información.
Corado, que vivió la guerra y los operativos, señaló que no siempre se tienen detalle de todo lo que sucedió durante una operación. Más aún, porque había diferentes personas designadas para aportar diferentes partes de la información (inteligencia, logística, etcétera) y luego eso era lo que consolidaban, relató.
“Esos documentos yo nunca los ví. No sé si alguien los habrá consolidado en algún momento, pero realmente no creo que exista mucha documentación que pueda servir en estos casos”, señaló.
Corado también está a favor de una ley de reconciliación que no promueva el “odio” .
