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domingo, 13 de junio del 2021

Abogada española aporta nuevas estrategias a Fiscalía en caso Monseñor Romero

Entre las pruebas que presentarán fiscales del caso está el documento emitido por la Comisión de la Verdad, el cual nombra a los responsables directos del asesinato del ahora santo.

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Almudena Bernabeu, abogada española querellante en múltiples casos de lesa humanidad y que preside la onegé Guernica Center Justice, llegó a El Salvador para reunirse con fiscales que investigan el caso del asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero y para aportarles nuevas estrategias que contribuyan a mejorar el proceso de justicia.

Este es el primer testimonio que se realiza en un juzgado salvadoreño, a petición de los fiscales de la unidad de delitos relativos al conflicto armado, para hablar en concreto de la investigación y estrategia legal que Bernabeu lideró en la audiencia contra el capitán Álvaro Rafael Saravia, principal autor material del asesinato de Romero.

Saravia ha sido el primer condenado por el crimen del ahora santo, luego de que Bernabeu y su equipo reunieran las pruebas suficientes para comprobar su culpabilidad ante un juzgado de Fresno, California, en Estados Unidos. Sin embargo, el excapitán salvadoreño no se presentó a dicha audiencia y huyó, sin conocerse su paradero hasta la fecha.

“Hay que recordar que nosotros pudimos entablar una acción civil contra Saravia porque él estaba viviendo en Estados Unidos, pero aparte de eso reunimos pruebas que probaron su responsabilidad. Hoy la idea era hacer una narración completa a los fiscales sobre qué y cómo intentamos probar en ese momento”, explicó Bernabeu.

De acuerdo con la abogada querellante, las preguntas hechas por la Fiscalía fueron relativas, pues lo importante era detallar minuciosamente ante la jueza del caso la estrategia probatoria que fue desarrollada en 2004 y en la que se tomó en cuenta el testimonio de Amadeo Garay, la persona contratada por el capitán Saravia para conducir el carro que llevó al asesino a la escena del crimen.

“El testimonio fue bastante amplio, pero fue una jueza muy respetuosa y atenta, pero ha sido ese extraño modo en el que se tiene que hacer bajo las leyes procesales penales de 1973, que era el código vigente, pero adaptándolo a un proceso en el que hoy la práctica es eminentemente oral”, detalló Bernabeu.

Desde 2018, los fiscales que investigan el caso han impulsado a realizar diversas diligencias, como la petición del expediente de la Comisión de la Verdad sobre el homicidio de Monseñor Romero y que está resguardado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). También han solicitado la búsqueda de testigos que estuvieron involucrados en el caso y determinar si permanecen con vida.

Entre otras pruebas, también se espera que incorporen la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del año 2000, cuando se condenó al Estado salvadoreño por violentar el derecho a la vida de Romero; así como todos los documentos que se reunieron como pruebas para condenar a Saravia a pagar $10 millones a los familiares del arzobispo.

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“Yo creo que a pesar del transcurso del tiempo y aunque eso represente un reto concreto sobre cómo probar ciertas cosas, y aunque haya la negativa por parte del gobierno y de la Fuerza Armada de no abrir los archivos, sí se pueden probar”, comentó Almudena.

La ventaja de los casos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado salvadoreño, según la abogada, es que este país recibió mucha atención internacional, “incluso a posteriori, hay mucha investigación, muchas personas que se han especializado en investigar las causas de esos crímenes y a sus responsables”, agregó.

A juicio de Bernabeu, tener un informe “tan valiente como el realizado por la Comisión de la Verdad que nombra a los responsables y que es inédito en toda Latinoamérica es una señal de que, a pesar de las dificultades legales, políticas y de toda índole, la fiscalía sí puede seguir adelante con las diligencias y hacer que los jueces las reciben y que las investigaciones avancen”.

Y esto último también sin importar los vicios legales de la nueva ley de reconciliación aprobada por la Asamblea Legislativa “y más allá del veto presidencial que no sabría cómo evaluar, sólo estoy segura de que las víctimas no están detrás de condenas precisas o de meter a 50 personas en la cárcel, sino de la búsqueda de reconocimiento, verdad y justicia que estos casos representan”, añadió.

https://www.youtube.com/embed/ZZSawclZTkM

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periodista
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