Con esta lógica el Estado fue desguazado y rapiñado para beneficio de estos últimos, quienes con los mayores beneficios fiscales, legales y contractuales, arriesgaron nimiamente sus activos mientras el Estado adsorbió todos los riesgos, socializando las perdidas, mientras que tampoco acá los beneficiarios de las privatizaciones percibieron perdida alguna. En estos términos todo el proceso de privatizaciones representa una continua ganancia para los sectores de la élite financiera desde inicios de los años 90 cuando se implementó en nuestro país, por lo que la recuperación del shock económico todavía es incierta y reticente para nuestra sociedad debido al fracaso y los alcances que ha implicado su puesta en marcha.
Un crudo ejemplo de ello es la reforma que se adelantó al sistema de pensiones públicas, el cual durante el gobierno del señor Calderón Sol fue desmontado bajo el supuesto de que el sistema era "técnicamente inviable". Al final propuso privatizar el sistema siguiendo el modelo chileno de creación de estructuras administradoras de los recursos desde el sector privado.
A la fecha las AFP´s han amasado cerca o derredor de los $7mil millones de dólares (Cedeval y Asafondos), los cuales evidencian el fondo del tema, que es el negocio del cual se ha beneficiado éste sector mientras que los trabajadores jamás obtuvieron los beneficios prometidos durante la privatización y siguen a la fecha percibiendo pensiones incluso menores, porcentualmente hablando en relación a las previas registradas por el sistema de reparto público ya extinguido.
Tan mal implementado fue el proceso privatizador que ya en 1998 el sistema era inviable, por lo que el gobierno del señor Flores, apenas un quinquenio luego de su implantación, tuvo que mediar una intervención mal disimulada en la que retomó la protección de los jubilados una vez agotados sus ahorros luego de su retiro. El colmo de la estafa hecha al Estado lo constituye el hecho de que este debe afrontar en el presente el pago de las pensiones sin percibir las cotizaciones realizadas tanto por los empleados y empleadores para tal fin (lo que se traduce en un 2.2% del déficit fiscal calculado en un total de 3.3% del PIB para el presente ejercicio, siendo el primero correspondiente a la deuda provisional).
En este escenario y sin mayores complicaciones es evidente que la propuesta presentada recientemente desde la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones y otros privados tiene la misma lógica, es decir la de continuar con la rapiña, agravándola con un aumento en el aporte de los trabajadores de un 1% en sus cotizaciones, sin además repara el mal originario del sistema que es la insustentabilidad del mismo, recurriendo a los mismo vicios presentes. Es decir, que de nuevo es el Estado, quién sin percibir ninguna cotización, asume las responsabilidades de su manutención y los costes de ello se socializan.
Simplemente tal propuesta es inviable pues no es sostenible en el tiempo por lo que no se puede considerar cuerdo el contemplarlo en la asamblea. Y si la alternativa propuesta, un modelo mixto en el que se recupera la solidaridad intergeneracional, sumado a la capitalización opcional del modelo de ahorro personal que se adelanta en la actualidad, el cual se deberá regular desde un marco legal blindado que garantice lo intocable de los ahorros de pensiones por este o cualquier gobierno futuro, asegurando así lo viable del mismo y sostenible en el tiempo.
No está de más señalar lo puntual y urgente que es la demanda tanto de la reforma del sistema previsional como del sistema fiscal, los cuales se apuntalan mutuamente y carece de sentido adelantar uno sin el otro, lo que además requiere del abordaje técnico de los mismos, considerando los costes que tiene el seguir aplazando su discusión, y teniendo en la mira por sobre todo, que en el caso de las AFP´s, incluso en Chile, se las revisa para desmontarlas por el fracaso que ellas han implicado en el tema que nos ocupa. Por ello, su discusión no debe girar en torno al recurso agotado de los logros privados, los cuales son insustentables, y sí alrededor de la realidad patente de que los proyectos neoliberales solo fueron útiles al propósito de beneficiar a los privados, y que en la práctica, siguen teniendo tal objetivo.
