Las organizaciones de Derechos Humanos solicitaron este jueves a la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, se les de audiencia para exponer sus argumentos sobre el proyecto de ley de reconciliación nacional.
Irene Gómez, de Cristosal, instó al Palacio Legislativo a promover una consulta inclusiva con todos los involucrados en los procesos de justicia y reparación. También pidió a la Comisión Política acepte el acompañamiento técnico ofrecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
Consideró que el proyecto de ley elaborado por las víctimas a través de las organizaciones de Derechos Humanos ha sido ignorado. “Exigimos al Presidente de la Asamblea, Mario Ponce, y a la Comisión Política no promuevan disposiciones de impunidad a favor de los victimarios.
Sobre el particular, el diputado pecenista, aseguró que en la elaboración de la normativa participarán las organizaciones sociales, a la par que se harán consultas con las víctimas en los lugares a los que no fue la subcomisión política.
La instancia tenía que presentar el anteproyecto de ley el 13 de noviembre, pero dado que no cumplieron con el plazo, solicitaron prórroga a la Sala de lo Constitucional que les concedió un plazo que vence el 28 de febrero de 2020.
David Ortiz, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), dijo por su parte que hasta el momento, la propuesta presentada a través del diputado Juan José Martel de Cambio Democrático (CD), no fue debatida ni estudiada por la Asamblea, tampoco han recibido respuesta a una solicitud de audiencia que con antelación hicieron.
Según la sentencia dictada por la Sala, el Congreso debe evaluar y respetar los intereses de las víctimas y establecer consultas inclusivas de carácter continuo en donde haya participación activa del Gobierno, de grupos de la sociedad civil y de organizaciones de derechos humanos.
El colectivo de Derechos Humanos recordó que la Asamblea, ha elaborado cuatro propuestas de ley de reconciliación nacional, en las que el colectivo de organizaciones ha presentado documentos técnicos, donde expresan de manera clara y contundente, que la redacción de las propuestas en mención, violentan los derechos humanos e incluso, contradicen tratados internacionales ratificados por el país y jurisprudencia nacional e internacional con respecto al derecho a la verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición de crímenes de guerra y lesa humanidad.
El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, también ya se pronunció al respecto y dejó claro que la ley que avalen los diputados debe cumplir con los parámetros establecidos por la Sala de lo Constitucional.
Organismos internacionales vinculados con los derechos humanos, han expresado a la Asamblea dar acompañamiento técnico al proceso de formación de ley y hasta la fecha, no han recibido una respuesta oficial del Primer Órgano de Estado sobre el ofrecimiento que han formulado.
En resumen, para los solicitantes los señalamientos que hacen demuestran el poco interés y compromiso de la Asamblea con el cumplimiento de sus obligaciones de orientar su proceso legislativo a una normativa acorde con los parámetros constitucionales e internacionales.
