Por Alonso Rosales
Una investigación por una presunta agresión sexual grupal ocurrida en 2024 dentro de una fraternidad de la Universidad de Cornell, en Nueva York, ha vuelto a ocupar el centro del debate público después de que una exestudiante presentara una demanda civil que cuestiona la actuación de la Policía universitaria, las autoridades académicas y la Fiscalía del condado.
La denunciante, identificada en los documentos judiciales como Jane Doe, sostiene que fue víctima de una agresión sexual después de haber consumido alcohol y, según su demanda, ketamina durante una noche en la casa de la fraternidad Chi Phi, en octubre de 2024.
La controversia no se limita a las acusaciones contra los integrantes de la fraternidad. Una de las principales interrogantes es por qué la Fiscalía recibió inicialmente una documentación que, según el fiscal, no contenía elementos suficientes para presentar cargos, mientras que otros documentos y testimonios conocidos posteriormente incluyen una acusación explícita de violación.
Una noche que terminó en una investigación
Los hechos se remontan al 19 de octubre de 2024. Según la demanda, Doe, entonces estudiante de Cornell de 20 años, había estado consumiendo alcohol antes de trasladarse a la casa de la fraternidad Chi Phi.
La joven sostiene que llegó en estado de intoxicación y que posteriormente fue llevada a una habitación, donde habría sido sometida a actos sexuales sin capacidad para prestar consentimiento.
La demanda afirma además que algunos integrantes de la fraternidad la presionaron para consumir ketamina y que otros hombres entraron posteriormente en la habitación.
Uno de los elementos que ha generado mayor controversia son mensajes publicados en Snapchat durante la madrugada del 20 de octubre. Según la demanda, uno de los integrantes habría utilizado el grupo de la fraternidad para invitar a otros hombres a subir a una habitación donde se encontraba la joven.
La denuncia sostiene que la situación se prolongó durante varias horas y terminó aproximadamente a las 5:45 de la mañana.
Al despertar, Doe habría regresado a la residencia de su hermandad y posteriormente manifestó haber encontrado hematomas en su cuerpo.
La denuncia ante la Policía
El caso adquirió una dimensión formal el 8 de noviembre de 2024, cuando Doe acudió a la Policía de la Universidad de Cornell.
Según la información difundida por CNN y otros medios estadounidenses, durante la entrevista la joven habría descrito lo ocurrido como una violación y habría explicado que no se encontraba en condiciones de consentir determinadas actividades sexuales.
Sin embargo, la documentación que posteriormente llegó a manos del fiscal del condado fue objeto de una fuerte controversia.
El fiscal de distrito Van Houten sostuvo que la decisión de no presentar cargos en 2024 fue jurídicamente correcta porque el documento que recibió no describía los hechos como una violación grupal ni señalaba que la joven hubiera sido drogada contra su voluntad.
La Policía universitaria, según la información publicada, entregó una declaración de seis páginas firmada por Doe, además de material de Snapchat.
La pregunta que ahora vuelve a plantearse es por qué la transcripción completa de la entrevista policial, en la que supuestamente existía una acusación directa de violación, no formó parte del expediente que recibió inicialmente el fiscal.
Cornell realizó su propia investigación
Mientras la investigación penal no avanzaba, Cornell inició posteriormente un procedimiento bajo el Título IX, legislación federal estadounidense que obliga a las instituciones educativas a responder ante denuncias de discriminación sexual y determinadas formas de violencia sexual.
El procedimiento universitario comenzó formalmente en enero de 2025 y durante varios meses se realizaron decenas de entrevistas y audiencias.
De acuerdo con documentos obtenidos por medios estadounidenses, varios de los hombres investigados reconocieron haber tenido algún tipo de contacto sexual con Doe, pero sostuvieron que las relaciones habían sido consensuadas.
Otros negaron haber participado en encuentros sexuales.
Los testimonios, según los documentos citados por CNN y The New York Times, presentaron contradicciones entre sí y diferencias importantes respecto de la versión ofrecida por la denunciante.
Cornell terminó imponiendo sanciones disciplinarias, incluidas expulsiones y suspensiones, además de mantener cerrada la sección de la fraternidad Chi Phi involucrada en el caso.
Los abogados de algunos de los hombres mencionados en la demanda han rechazado las acusaciones y negado que sus representados hayan cometido conductas indebidas.
La demanda cambia el rumbo del caso
El 16 de septiembre de 2026, Doe presentó una demanda civil de 101 páginas en la que cuestiona la respuesta de la universidad y expone nuevamente su versión de los acontecimientos.
La demanda provocó una rápida reacción pública y volvió a colocar bajo escrutinio la actuación de las autoridades.
El 28 de septiembre, el fiscal Van Houten anunció que su oficina reabriría la investigación y buscaría que un gran jurado analizara si existían fundamentos para presentar cargos penales.
Aunque defendió su decisión inicial, el fiscal reconoció que las víctimas de agresiones sexuales pueden necesitar períodos prolongados para procesar psicológicamente lo ocurrido.
La decisión abrió nuevamente la posibilidad de que el caso pudiera tener consecuencias penales.
La gobernadora interviene
La controversia alcanzó posteriormente al Gobierno del estado de Nueva York.
La gobernadora Kathy Hochul manifestó públicamente su preocupación por la gestión del caso y señaló que había perdido la confianza en la capacidad del fiscal del condado para continuar supervisando la investigación.
Como consecuencia, Hochul designó a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, como fiscal especial.
James tendrá facultades para revisar las circunstancias del caso y, si las pruebas lo justifican, investigar y procesar posibles delitos.
La fiscal general calificó el caso como una investigación penal activa, mientras que la gobernadora afirmó que el objetivo es conocer todos los hechos y garantizar que el proceso sea examinado de manera independiente.
Una investigación que vuelve a empezar
El caso Cornell plantea ahora interrogantes que van más allá de determinar qué ocurrió aquella noche.
La principal cuestión institucional es si la Policía universitaria entregó a la Fiscalía toda la información relevante disponible y si la respuesta inicial permitió evaluar correctamente las acusaciones.
También está bajo escrutinio la actuación de Cornell frente a una denuncia de esta naturaleza y la diferencia entre las investigaciones disciplinarias universitarias y el proceso penal.
Por ahora, las acusaciones contra los integrantes de la fraternidad no equivalen a una condena judicial. La investigación especial deberá determinar qué ocurrió realmente, qué pruebas pueden ser verificadas y si existen elementos suficientes para presentar cargos.
Lo que comenzó como una denuncia ocurrida dentro de una fraternidad universitaria se ha convertido en un caso de alcance estatal que vuelve a poner sobre la mesa uno de los problemas más sensibles de las universidades estadounidenses: cómo deben actuar las instituciones cuando una estudiante denuncia una agresión sexual y cómo garantizar que la respuesta académica, policial y judicial no deje vacíos que posteriormente puedan cuestionar toda la investigación.
La intervención de Letitia James marca así una nueva etapa. El objetivo, según las autoridades estatales, será reconstruir los hechos, revisar las actuaciones anteriores y determinar si corresponde llevar el caso ante la justicia penal.
