Zarko Pinkas |
Treinta y dos países y la Unión Europea exigieron a la dictadura islamista de Teherán detener las ejecuciones relacionadas con las protestas y liberar a quienes permanecen detenidos de manera arbitraria. Naciones Unidas advierte que más de un centenar de personas podrían enfrentar la pena capital.
La presión internacional sobre Irán aumentó esta semana luego de que 32 países y la Unión Europea expresaran su rechazo a las ejecuciones de personas vinculadas con las protestas que han sacudido al país y reclamaran al Gobierno de Teherán poner fin al uso de la pena de muerte como mecanismo de represión.
En una declaración conjunta, los gobiernos firmantes sostuvieron que la pena capital no puede utilizarse para castigar a quienes ejercen derechos fundamentales, como la libertad de expresión y el derecho a manifestarse pacíficamente.
Los países también reclamaron la liberación de las personas detenidas arbitrariamente y pidieron a las autoridades iraníes atender las demandas de la población mediante medidas que permitan garantizar el respeto de los derechos humanos.
Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, España, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, Países Bajos, Noruega, Portugal, Rumanía y Suecia se encuentran entre los países que respaldaron la declaración.
La advertencia coincide con una creciente preocupación de Naciones Unidas por el número de ejecuciones en Irán y, particularmente, por la utilización de acusaciones relacionadas con la seguridad nacional contra personas que participaron en las protestas.
El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha advertido sobre el incremento de las ejecuciones desde marzo y ha pedido a las autoridades iraníes suspenderlas de manera inmediata.
De acuerdo con los datos de Naciones Unidas, desde el 19 de marzo al menos 56 personas han sido ejecutadas en Irán después de ser condenadas por delitos relacionados con la seguridad nacional.
Entre ellas se encuentran 27 personas cuyos casos estuvieron vinculados con las protestas registradas a comienzos de este año.
La situación podría agravarse. Naciones Unidas señala que más de 100 personas permanecen actualmente en riesgo de ejecución por acusaciones similares, lo que ha generado preocupación entre organismos internacionales de derechos humanos.
Türk también cuestionó las garantías judiciales ofrecidas a los acusados y expresó preocupación por denuncias relacionadas con torturas, malos tratos y confesiones obtenidas bajo presión.
El alto comisionado ha insistido en que la pena de muerte no debe utilizarse como una herramienta para intimidar a la población ni para castigar el ejercicio de libertades fundamentales.
La utilización de la pena capital en Irán ha sido objeto de críticas recurrentes por parte de Naciones Unidas y de organizaciones internacionales de derechos humanos.
El cuestionamiento actual se concentra especialmente en los procesos derivados de las protestas, debido a las denuncias sobre procedimientos judiciales que no habrían cumplido con las garantías necesarias para un juicio justo.
La preocupación internacional no se limita, sin embargo, a las personas condenadas por participar en manifestaciones. Irán mantiene una de las tasas de ejecuciones más elevadas del mundo y la pena de muerte continúa aplicándose en numerosos casos relacionados con delitos comunes, entre ellos los vinculados con drogas.
Para Naciones Unidas, el incremento de las ejecuciones por acusaciones relacionadas con la seguridad nacional representa una situación particularmente grave porque puede generar un efecto de intimidación sobre la sociedad e impedir que las personas ejerzan libremente sus derechos.
La Unión Europea mantiene una posición contraria a la pena de muerte en cualquier circunstancia y ha reiterado su preocupación por el ritmo de las ejecuciones en territorio iraní.
Con la declaración conjunta de 32 países, la presión diplomática sobre Teherán se intensifica. Los gobiernos firmantes demandan no solo la suspensión de las ejecuciones, sino también la revisión de los procesos judiciales relacionados con las protestas y garantías efectivas para las personas detenidas.
Mientras tanto, Naciones Unidas mantiene su llamado a las autoridades iraníes para detener las ejecuciones y avanzar hacia la abolición de la pena capital, en un momento en que más de un centenar de personas podrían enfrentar el mismo destino.
