Por Alonso Rosales
La llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia de Colombia marca uno de los momentos políticos más complejos de las últimas décadas. Aunque obtuvo una victoria electoral legítima por un estrecho margen, su inicio de mandato está acompañado por señales de una profunda fractura institucional y política que, según diversos especialistas nacionales e internacionales, podría dificultar seriamente la gobernabilidad.
La decisión de trasladar la ceremonia de investidura desde Bogotá hacia Cali ya representó una ruptura con la tradición republicana colombiana. A ello se suma otro hecho de enorme simbolismo político: el nuevo mandatario decidió no invitar a los expresidentes de Colombia a su ceremonia de posesión, rompiendo una costumbre de respeto institucional que durante décadas había servido para transmitir continuidad democrática, independientemente de las diferencias ideológicas.
El ambiente también estará marcado por la ausencia de buena parte de la oposición. Los congresistas y senadores del Pacto Histórico, movimiento liderado por el presidente saliente Gustavo Petro, anunciaron que no asistirán a la ceremonia de investidura. Asimismo, una parte importante de la bancada de la Alianza Verde adelantó que permanecerá presente únicamente para cumplir el protocolo institucional, pero abandonará el recinto antes del discurso presidencial como muestra de rechazo a las posiciones del nuevo jefe de Estado.
Estas decisiones reflejan el alto grado de polarización que vive Colombia tras unas elecciones definidas por menos de un punto porcentual de diferencia entre De la Espriella e Iván Cepeda. El país quedó dividido prácticamente en dos bloques políticos de dimensiones similares, situación que anticipa enormes dificultades para construir consensos.
Diversos analistas consideran que el presidente electo está iniciando su mandato con una estrategia de confrontación en lugar de una política de reconciliación nacional.
El politólogo español Pablo Simón, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, ha sostenido en distintos análisis sobre procesos de polarización en América Latina que los presidentes que llegan con victorias estrechas necesitan ampliar rápidamente su base política mediante acuerdos institucionales, ya que gobernar únicamente para el bloque vencedor suele profundizar las divisiones y debilitar la estabilidad democrática.
En la misma línea, el investigador francés Olivier Dabène, especialista en política latinoamericana de Sciences Po París, ha advertido que América Latina atraviesa un ciclo donde la fragmentación política exige mayores capacidades de negociación y construcción de consensos. A su juicio, los liderazgos excesivamente confrontativos tienden a enfrentar mayores obstáculos para implementar sus programas de gobierno cuando carecen de mayorías parlamentarias sólidas.
Precisamente ese parece ser uno de los principales problemas del nuevo mandatario. Su movimiento político posee una representación limitada en el Congreso y ya sufrió un importante revés durante la elección de la presidencia del Senado, donde incluso sectores tradicionalmente enfrentados, como el Pacto Histórico y el Centro Democrático, coincidieron para impedir que prosperara el candidato respaldado por De la Espriella.
En materia de seguridad, el presidente electo ha anunciado un retorno a políticas de fuerte ofensiva militar, incluyendo un denominado “Plan Patriota 2.0”, inspirado en las estrategias desarrolladas durante el gobierno de Álvaro Uribe. Sin embargo, expertos en conflicto armado advierten que la realidad criminal de Colombia ha cambiado profundamente. Hoy existen múltiples organizaciones armadas, redes de narcotráfico y estructuras transnacionales cuya complejidad supera ampliamente la del escenario que enfrentó el Estado hace dos décadas.
Otro elemento de preocupación es el anuncio de gobernar mediante decretos cuando el Congreso no apruebe determinadas iniciativas. Juristas y analistas consideran que esta postura podría aumentar las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo y generar nuevos conflictos constitucionales, especialmente en un país donde los mecanismos de pesos y contrapesos son fundamentales para preservar el equilibrio institucional.
La combinación de una oposición movilizada, una representación parlamentaria insuficiente, la ausencia de figuras históricas del país en la ceremonia presidencial y una estrategia política basada en la confrontación proyecta un comienzo particularmente difícil para el nuevo gobierno.
La legitimidad electoral otorga a Abelardo de la Espriella el derecho de gobernar; sin embargo, la estabilidad de Colombia dependerá menos de la contundencia de sus discursos que de su capacidad para dialogar con quienes piensan distinto. En una democracia profundamente dividida, el verdadero liderazgo no consiste únicamente en ganar elecciones, sino en construir puentes que permitan gobernar para la totalidad de la nación.
