Por Alonso Rosales, analista internacional
Un reciente informe de la organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) ha puesto en el centro del debate la actuación del Gobierno venezolano tras los devastadores terremotos del pasado 24 de junio, señalando presuntas fallas graves en la gestión de la emergencia y obstáculos al ingreso de ayuda humanitaria. Las acusaciones contrastan con la versión oficial defendida por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asegura que la respuesta estatal fue inmediata y suficiente.
El documento describe lo que denomina una “paradoja institucional”, en la que el Estado venezolano mantiene capacidades sólidas para el control político, pero muestra debilidades críticas en la atención de desastres. Según JEP, esto se tradujo en retrasos logísticos, desorganización en el terreno y limitaciones para coordinar esfuerzos de rescate y asistencia a los damnificados.
La organización también denuncia trabas burocráticas para el ingreso de equipos internacionales, dificultades para el registro de voluntarios y presuntos actos de corrupción, como cobros indebidos para la entrega de cuerpos. Además, advierte sobre la falta de información transparente, lo que habría afectado la eficacia de las operaciones humanitarias.
Desde el Ejecutivo, Delcy Rodríguez rechazó categóricamente estas acusaciones. En declaraciones públicas, afirmó que el Gobierno activó protocolos de emergencia desde las primeras horas tras los sismos y desplegó miles de efectivos en las zonas afectadas. Asimismo, calificó las críticas como parte de una “campaña de desinformación” destinada a desacreditar la gestión oficial.
Analistas internacionales han ofrecido distintas lecturas sobre la situación. Desde Colombia, el politólogo Andrés Mejía considera que “la respuesta del Estado venezolano refleja problemas estructurales acumulados durante años, donde la institucionalidad ha sido debilitada, afectando su capacidad de reacción ante crisis de gran magnitud”.
Por su parte, la experta chilena en gestión de riesgos, Carolina Rivas, señala que “más allá del debate político, lo preocupante es la posible obstrucción a la ayuda internacional, ya que en escenarios de desastre la cooperación externa es fundamental para salvar vidas”.
En tanto, el analista argentino Federico Gómez sostiene que “existe una clara disputa narrativa: mientras el Gobierno intenta ցույց proyectar control y eficiencia, organizaciones independientes y testimonios ciudadanos evidencian fallas que no pueden ser ignoradas”.
A pesar de las controversias, en el terreno continúan las labores de búsqueda y rescate con participación de voluntarios, organizaciones civiles y brigadas internacionales. La magnitud de la tragedia, que deja miles de víctimas y desplazados, mantiene la atención regional e internacional sobre Venezuela, mientras persisten las interrogantes sobre la transparencia y eficacia en la gestión de la crisis.
El debate sobre la actuación del Gobierno no solo pone en cuestión su capacidad operativa, sino también el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derecho internacional humanitario, especialmente en lo relativo a garantizar el acceso a la asistencia y la protección de la población afectada.
Fuentes Reuters y AP
