Por Juan José Dalton |
Las denuncias sobre las condiciones dentro de los centros de detención migratoria en Estados Unidos han vuelto a generar preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos, especialmente tras reportes de fallecimientos de personas bajo custodia federal. Uno de los casos que actualmente concentra atención es el del centro de detención Adelanto, en California, administrado por la corporación privada GEO Group y señalado por presuntas deficiencias médicas, malas condiciones sanitarias y restricciones que afectarían a personas migrantes detenidas.
En este contexto, diversas organizaciones legales y de derechos civiles han impulsado acciones judiciales ante cortes federales estadounidenses para exigir mejoras inmediatas y denunciar posibles violaciones a derechos humanos. Entre quienes participan en esa litigación se encuentra el abogado Salomón Zavala, director de la organización Ollin Law, quien conversó con Juan José Dalton, Director de ContraPunto, sobre el avance del caso, las denuncias relacionadas con personas migrantes mexicanas y centroamericanas, y el impacto que estas condiciones tendrían sobre comunidades de la región.
Juan José Dalton: Para comenzar, ¿cómo quiere que lo presentemos en esta entrevista?
Salomón Zavala: Soy abogado y director de una organización llamada Ollin Law. Es una organización sin fines de lucro basada en Los Ángeles y enfocada en derechos humanos y derechos civiles de poblaciones vulnerables, incluyendo personas encarceladas e inmigrantes.
Juan José Dalton: Queremos hablar sobre el caso que ustedes están llevando relacionado con personas fallecidas en el centro de detención de Adelanto. ¿De qué se trata esta demanda?
Salomón Zavala: Es una demanda presentada por varias organizaciones, entre ellas Public Counsel, también con sede en Los Ángeles. Mi papel actualmente ha sido presentar una petición amicus, que es un documento legal de apoyo a esta litigación contra el centro de detención Adelanto, en el sur de California.
Adelanto es un centro de detención administrado por la corporación privada GEO Group. La base de la demanda es que allí se están violando los derechos humanos de las personas detenidas y que no se están garantizando condiciones adecuadas. Muchos de los detenidos no tienen antecedentes criminales; muchas personas están detenidas por procesos migratorios civiles, no por condenas penales.
La litigación busca detener estos actos y denunciar las condiciones injustas que muchas personas están sufriendo en Adelanto, algo que además ocurre en otros centros de detención del país.
Juan José Dalton: ¿Qué tipo de violaciones denuncian específicamente?
Salomón Zavala: Hemos visto reportes muy graves de personas que han fallecido bajo custodia de ICE en Adelanto. Las denuncias alegan falta de atención médica adecuada, condiciones sanitarias deficientes y fallas institucionales que ponen en riesgo la vida y la salud de las personas detenidas.
Esto constituye una violación de derechos humanos y derechos civiles. En la petición amicus que presentamos recientemente argumentamos que estas violaciones no solo afectan normas nacionales de Estados Unidos, sino también tratados y pactos internacionales, incluyendo el Convención contra la Tortura.
Queríamos que la Corte entendiera la gravedad de estas condiciones y la necesidad urgente de detenerlas.
Juan José Dalton: Algunos medios y autoridades estadounidenses niegan estas denuncias e incluso minimizan las cifras de fallecidos bajo custodia estatal. ¿Qué responde a eso?
Salomón Zavala: El gobierno federal está involucrado con estos centros de detención. Hemos visto las conexiones entre corporaciones privadas como GEO Group y la administración del presidente Donald Trump. Son corporaciones cuyo interés principal es la ganancia y la explotación de poblaciones vulnerables.
Estas corporaciones tienen importantes intereses económicos y vínculos políticos, por lo que es importante examinar con rigor cualquier intento de minimizar las denuncias.
Pero las muertes no se pueden negar. Existen declaraciones y testimonios sobre las condiciones horríficas dentro de Adelanto y otros centros.
Juan José Dalton: Si ustedes ganan el caso, ¿qué cambiaría?
Salomón Zavala: Adelanto tendría que cumplir con las reglas ya establecidas para los centros de detención. Eso incluye garantizar tratamiento médico adecuado, agua limpia, alimentación digna y condiciones humanas para las personas detenidas.
También significaría asegurar comunicación con familiares y abogados, así como mejorar las condiciones generales para evitar sufrimiento innecesario.
La jueza podría emitir una orden obligando al centro a cumplir con todas estas disposiciones legales ya existentes.
Juan José Dalton: ¿Una eventual victoria implicaría indemnizaciones para las familias de los fallecidos?
Salomón Zavala: Eso depende de otros procesos legales. Esta demanda en particular no busca indemnizaciones, pero existen litigios independientes impulsados por otros abogados que sí están demandando por violaciones de derechos humanos y civiles.
Dependiendo de cada caso —por ejemplo, negligencia médica o suicidios prevenibles— puede haber compensaciones económicas. En muchos casos, la corporación administradora del centro podría ser obligada a indemnizar a las familias.
Juan José Dalton: ¿Existen casos de salvadoreños o centroamericanos afectados por estas condiciones?
Salomón Zavala: Sí, claro. Actualmente el enfoque principal de esta petición está relacionado con al menos cuatro fallecimientos recientes de personas mexicanas y por eso trabajamos junto a la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Guadalajara.
Pero también hay centroamericanos detenidos que sufren estas condiciones. Esta litigación también los incluye y afecta directamente a la comunidad centroamericana.
Juan José Dalton: Si alguien conoce un caso o tiene familiares detenidos en Adelanto, ¿cómo puede contactarlos?
Salomón Zavala: Estamos buscando más información de familiares y personas detenidas en Adelanto, especialmente casos de salvadoreños y centroamericanos. Toda esa información nos ayuda a fortalecer el caso.
Pueden comunicarse con Ollin Law o con Public Counsel para denunciar lo que está ocurriendo y compartir detalles sobre las condiciones que enfrentan sus familiares. Esa información puede incorporarse a la litigación y eventualmente servir como testimonio.
Juan José Dalton: ¿Incluso familias fuera de Estados Unidos pueden comunicarse con ustedes?
Salomón Zavala: Claro que sí. Es esencial que las familias en Centroamérica se contacten con nosotros, incluso si no pueden viajar a Estados Unidos. Queremos que sepan que pueden denunciar estas situaciones y que estamos dispuestos a ayudarlos.
Juan José Dalton: ¿En qué etapa se encuentra actualmente el caso?
Salomón Zavala: Se presento una solicitud de medida cautelar preliminar (Preliminary Injunction) pidiendo a la jueza que actúe rápidamente debido a la gravedad de las condiciones y al riesgo para la vida de las personas.
Hay otros procesos judiciales que pueden durar un año o más, pero precisamente por eso estamos insistiendo en una decisión urgente. No podemos esperar años mientras continúan ocurriendo más muertes.
Juan José Dalton: ¿Qué mensaje quiere enviar a la comunidad centroamericana?
Salomón Zavala: Queremos apoyar a la comunidad centroamericana, que también sufre enormemente debido a leyes y tratamientos injustos dentro de estos centros de detención.
Estamos hablando de vidas perdidas injustamente y de condiciones que podrían constituir trato cruel e inhumano y, en circunstancias extremas, incluso trato relacionado con estándares internacionales sobre tortura. Necesitamos que la Corte Federal actúe.
Mientras más casos, testimonios e información tengamos, más fuerte será esta lucha.
Juan José Dalton: También conversábamos sobre la posibilidad de establecer vínculos con universidades salvadoreñas, como ocurrió con la Universidad de Guadalajara.
Salomón Zavala: Sí, definitivamente. Universidades salvadoreñas podrían posiblemente participar y apoyar iniciativas similares, especialmente en casos de centroamericanos o salvadoreños afectados.
No se trata únicamente de personas fallecidas. También hablamos de personas sometidas a aislamiento extremo y condiciones que ya han sido reconocidas internacionalmente como violaciones a derechos humanos.
Estamos dispuestos a colaborar con universidades y organizaciones de El Salvador, tal como lo hemos hecho en México.
Juan José Dalton: Muchas gracias por esta conversación.
Salomón Zavala: Gracias a ustedes. Estamos a la orden para apoyar a la comunidad salvadoreña y centroamericana.
Anexo de procesos relacionados a los casos:
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