La invitación del Gobierno salvadoreño a un equipo completo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para una visita en el territorio, sucede 40 años después de que otro Gobierno tomó la misma iniciativa, señaló la abogada experta en derechos humanos, Leonor Arteaga.
Fue en 1979 cuando el Gobierno de El Salvador recibió a los miembros de la CIDH en pleno, en territorio nacional, explicó Arteaga, oficial de programa en la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) y comisionada de Conabúsqueda. La última vez que El Salvador se sometió a este examen sobre la situación de derechos humanos fue hace 40 años: pasaron las dictaduras, las juntas militares, la guerra civil, gobiernos de izquierda y derecha posconflicto.
De acuerdo a lo que publicó la CIDH, ya han recibido la invitación que giró la canciller Alexandra Hill para una visita in loco, es decir en la localidad, en el sitio de los eventos. Arteaga explicó que en este tipo de misiones vienen la comisión en pleno y solo puede arreglarse por iniciativa del Gobierno que los recibirá (tal cual ha sucedido). “Así está establecido en el sistema”, detalló la abogada.
“Lo valoramos como muy positivo. En un Gobierno que, se entiende, es democrático, no comprendemos por qué hubo tanto hermetismo”, manifestó también Arteaga.
La comunicación ha sido constante entre las autoridades salvadoreñas y las de la comisión, a pesar del tiempo que ha pasado. En enero de 2018, por ejemplo, estuvo en visita de trabajo la relatora de la CIDH para El Salvador, Margarette Macaulay. Durante su estadía puso mucho énfasis en la situación de los derechos humanos de las niñas y las mujeres.
Además, la Fundación Roque Dalton ha llevado hasta la CIDH el caso del asesinato del poeta, periodista, ensayista e intelectual Roque Dalton. Si bien la familia del poeta usó las instancias legales para determinar responsabilidades en el homicidio, las autoridade no han respondido con eficacia y el caso sigue impune. Debido a la falta de apoyo , la familia presentó una demanda ante la CIDH, en noviembre de 2011, para agilizar la consecución de justicia.
La investigación de la comisión durante la visita in loco puede cubrir una variedad de temas. Los que Arteaga mencionó incluyen la criminalización de mujeres que sufren partos extrahospitalarios, la prohibición absoluta del aborto, la violencia contra la población LGBTI+, la búsqueda de los desaparecidos, los acuerdos pendientes de cumplir al terminar el conflicto armado, la “gravísima situación” del sistema penitenciario, el abuso de autoridad de los policías y la militarización de la Seguridad Pública.
Según la abogada del DPLF y Conabúsqueda, la población puede participar y tiene herramientas para hacerlo. “La sociedad puede colocar el tema en agenda, insistir y darle seguimiento”, comentó. Hasta se puede ir más allá en proactividad y “hacer llegar información a la comisión, para que tengan insumos que les permita saber hacia dónde puede dirigir su mirada”, detalló Arteaga.
Todavía está pendiente que la CIDH y el Gobierno definan la fecha en que será la visita.
