Por Alessia Genoves
Escuadrones de la Muerte es el nombre de la agrupación paramilitar a la que pertenecerían cuatro militantes de las Fuerzas Armadas de El Salvador. La entidad clandestina habría permanecido estructurada por organismos políticos, civiles y militares, con el objetivo inicial de proveer seguridad al Estado; pero poco tiempo después se consolidó en una organización con ideas anticomunistas. Su participación en la Guerra Civil de los años 80’s está implicada con magnicidios, como el asesinato del santo, Oscar Arnulfo Romero; y el Caso Jesuitas.
“Inés Benavides Martínez, Luis Alonso Benavides Polio, José de la Cruz Orellana y Ángel Aníbal Alvarado Benítez” es el nombre que corresponde a los acusados, según lo refiere la Fiscalía General de la República (FGR). El dictamen de acusación fue presentado en la fecha del miércoles 7 de septiembre, al Juzgado Primero de Instrucción de San Miguel, jurisdicción desde la cual habría operado la estructura, en el cantón San Andrés, de San Miguel.
Hechos
“Asesinato y Privación de Libertad, Asociaciones Ilícitas y Delito contra las Leyes o Costumbre de Guerra” son las acusaciones que pesan en contra de los ex-paramilitares, por hechos que habrían sido cometidos durante el Guerra Civil de 1979 a 1992.
75 mil homicidios, y un registro de más de 10 mil personas desaparecidas constituyen el recuente que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en las que también habrían tenido participación los incoados. El registro lo hizo patente en el Libro de la Comisión de la Verdad, al término de la Guerra Civil.
“José Luciano Benavides, Ángel María Chávez Benavides, María Verónica Ernestina Aguilar de Chávez,, Guillermo Antonio Magaña Castellón y Rogelio de la Cruz Magaña Castellón” son los nombres de las personas a las que el Ministerio Público Fiscal identificó como las víctimas mortales, de los delitos anteriormente referidos, que habrían tenido lugar a manos de los paramilitares, asociados a las operaciones de los Escuadrones de la Muerte.
“Terroristas y delincuentes” eran dos de los principales objetivos identificados por los Escuadrones de la Muerte. La organización está, además, implicada en la divulgación de un documento extraoficial titulado “Libro Amarillo”, dentro del cual se enumeran más de 2,000 personas integrantes en al menos 4 decenas de organizaciones políticas y sindicales. Algunos de los registros implican a organizaciones sociales de corrientes marxistas. Sin embargo, ContraPunto no identificó a las víctimas del caso, con algunos de los nombres del documento.
Proceso
La FGR estimó que no existirían precedentes judicializados, en respuesta de las operaciones ejecutadas por dichas estructuras militares. Pero, más allá de las declaraciones del Ministerio Público Fiscal, elementos de las Fuerzas Armandas de El Salvador, ya han sido procesadas; y varias de ellas condenadas. Tal es el caso de militares como el Coronel Inocente Orlando Montano, y el Coronel Guillermo Benavides; siendo el primero requerido por la justicia de España, y el segundo por la salvadoreña.
Los ahora acusados de los cinco asesinatos, para el caso particular, no tenían antecedentes judiciales importantes, de acuerdo con las consultas elaboradas por ContraPunto, a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Estos casos, en particular, fueron identificados a posteriori por la FGR.
Delitos de lesa humanidad y crimines de guerra, por otra parte, son dos de acciones que no prescriben, según lo establece la Organización de las Naciones Unidas por los Derecho Humanos, Ésta condición sería reafirmada, tras la declaración de inconstitucionalidad de la Ley General de Amnistía, así decretada por la Sala de lo Constitucional en el año 2016.
Los cuatro paramilitares de los Escuadrones de la Muerte, de momento, permanecerán bajo prisión, hasta que el órgano judicial establezca la veracidad de las acusaciones fiscales. El caso que se ventila en el proceso de instrucción, ya contaría con los arraigos del “dictamen de prueba documental, pericial y pericial”. El Ministerio Público Fiscal asegura que las pruebas”permiten acreditar a los imputados a los hechos que se les atribuyen, sino también la existencia misma del delito”.
