Por Alessia Genoves
Diputado Alberto Romero será sometido al fuero consitutcional, en el desarrollo de la Sesión Plenaria Extraordinaria de éste viernes 1 de septiembre. Así lo determinó la “Comisión Especial de Antejuicio sobre el Desafuero del Ex-diputado” Romero, al dar razón al requerimiento fiscal emitido el pasado 23 de agosto, en razón a una sentencia civil por la presunta comisión del delito de “enriquecimiento ilícito”, por un monto dinerario de $445,766.05 USD. Sin embargo, la Defensa Técnica no rindió los resultados necesarios para hacer declinar a la Comisión su decisión; y, además, critica carencia de pruebas suficientes y uso de fallo aún apelable.
Allegados y familiares de Romero, como María de Jesús Guardado, Ana de Lourdes Olmedo de Romero y Lourdes Gabriela Romero de Marroquín, salieron del país cuando se le atribuyeron delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. También se detectaron $52,462.50 USD en depósitos irregulares y diferencias abismales entre ingresos reportados e ingresos reales.
FGR detalló que Romero pudo manejar $401,835 USD de procedencia desconocida entre 2011 y 2022, por encima de los $500,158.81 USD devengados legalmente como diputado. Además, realizó 97 viajes por $257,661.25 USD, principalmente como observador electoral. La Comisión dictaminó, sin embargo, prescindió de las pruebas testimoniales de la mayoría de las personas implicadas que, a juicio de la FGR, participaron en los hechos imputables, pues los fondos cuestionarios también transitarían en algunas de sus cuentas.
¿Qué señala la FGR?
$1,162,388.05 USD es el monto dinerario en controversia, del patrimonio, activos y gastos del diputado Alberto Romero. El monto dinerario ha sido identificado por la FGR, y se ha ventilado en la Comisión de antejuicio, que dictaminó -para el Pleno- la deposición del fuero constitucional, para que éste pueda ser sometido a juicio, ante la Cámara Primero de lo Civil de la Sección Centro. Sin embargo, las pruebas de cargo y descargo también buscaron matizar el resultado, entre ellas, la identificación de la FGR de un monto legítimo, en su patrimonio, de $500,158.81 USD.
Implicaría ello, pues, que Romero manejó un monto de $401,835 USD de procedencia presuntamente desconocida, por encima de lo legalmente devengado en su cargo como parlamentario. Además, se detectaron depósitos irregulares de $52,462.50 USD realizados por María de Jesús Guardado, ex-asesora de la Asamblea Legislativa, y otros allegados de ARENA. Estos se habrían hecho a cuentas vinculadas con Romero, de acuerdo con el requerimiento fiscal, sin que se pudiera establecer una razón o motivo comercial que justificara dichas transacciones.
En el análisis de declaraciones de renta, también se evidenciaría un su-bregistro entre los ingresos reportados de Romero y su cónyuge Ana de Lourdes Olmedo, que sumaron $363,935.87 USD, frente a los más de $1.1 millones que realmente se habrían percibido de forma irregular. Por ello, la Fiscalía concluye que Romero pudo cometer los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos. Los diputados fiscales advierten que la cantidad de $1,162,388.05 USD que se investiga aún es provisional, pues no incluye otros bienes muebles e inmuebles también adquiridos de forma cuestionable.
Viajes del diputado Romero y salida de familiares a Guatemala
$257,494.32 USD es el saldo dinerario erogado en los viajes del diputado Alberto Romero. La cifra corresponde a la cobertura presupuestaria, de los 97 gastos ejecutados por el Grupo Parlamentario de ARENA y la Asamblea Legislativa, desde los años 2000 a 2022. El reporte se desfiló en la Comisión Especial, con la lectura del documento titulado “Registro de Viajes del Diputado Alberto Romero. Asamblea Legislativa. Años 2000 a 2002”, con la firma de la contadora de la Asamblea, Claudia Beatriz Ramos.
En la Comisión Especial de Antejuicio se desfilaron registros de 97 viajes realizados por el diputado Alberto Romero entre 2006 y 2022, en los que se gastaron $257,661.25 USD. Los destinos incluyeron países como Estados Unidos, México, Guatemala, España, Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Uruguay, Paraguay y otros, principalmente en calidad de observador electoral o por invitaciones de asociaciones de migrantes salvadoreños.
Algunos de los viajes realizados por Romero fueron a la XI Conferencia Internacional de la Democracia Participativa en España por $6,491.25 USD, al V Foro Voto en el Exterior en Colombia por $5,321.25 USD, a la Conferencia Parlamentaria Internacional para la Conciliación de la Paz en Suiza por $4,856.63 USD, a observar elecciones en Brasil por $1,445 USD, y a la I Conferencia Iberoamericana sobre Justicia Electoral en República Dominicana por $1,280 USD.
También la Comisión ventiló el egreso a Guatemala de la esposa del diputado, Ana de Lourdes Olmedo de Romero y la hija Lourdes Gabriela Romero de Marroquín de Romero, justo cuando la Fiscalía General de la República solicitó su desafuero. Ello a pesar de haber sido citadas a declarar sobre el origen de los fondos detectados en cuentas bancarias del diputado Alberto Romero, quien enfrenta acusaciones de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Defensa contra el dictamen
“Creemos que se tienen los elementos de convicción suficientes para tener por establecido que el señor Alberto Romero sí pudo haber cometido los delitos de enriquecimiento ilícito y de lavado de dinero y activos, previstos y sancionados en el Artículo 333 del Código Penal y en el Artículo de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos”, reza en el Dictamen de la Comisión, que procede con diligencia a la Sesión Plenaria Extraordinaria de éste viernes 1 de septiembre.
Se entiende, pues, que la FGR deduce, de los fondos observados del diputado, depósitos de personal de ARENA por $52,462.50 USD a cuentas vinculadas, sin transacción comercial conocida. Además, declara subregistro grande entre ingresos reportados $363,935.87 USD frente a más de $1 millón percibidos. Sin embargo, los señalamientos fiscales no serían suficientes para desestimar la información patrimonial del político, a juicio de la defensa.
Silvia Ostorga, la diputada designada como defensora, sostuvo que habrían existido irregularidades procesales, en el desarrollo de la Comisión: “a pesar de que la misma Fiscalía ofreció al perito fiscal, decidieron no presentarla. Y pretendieron presentar a un perito de la CCR que no conoce el caso, ni tiene el peritaje. Tomando en cuenta, sólo lo que nos dicen los hechos, no es posible tomar una decisión, ya que aquí no han desfilado evidencias documentales, testimoniales y ni técnicas. Era con esas técnicas que se podía garantizar la transparencia, y la legitimidad del proceso”.
Ernesto Parada, abogado defensor de Romero, expuso dentro de la comisión que “el fiscal (general) ha violentado todos los principios que se encuentran en el documento de Política de Persecución Penal”. Sin embargo, la postura del defensor habría sido controvertida por la parte fiscal. De modo que la diputada Marcela Pineda sostuvo que el proceso no ventilaba una persecución penal, sino el protocolo establecido para la deposición del fuero constitucional, para que el imputado, finalmente demuestre su inocencia ante las instancias pertinentes; siendo para el caso, pues, la Sala Primera de lo Civil de la Sección Centro.
Dictamen sin testigos
Por otra parte, la Comisión observó que se ventilaron las pruebas documentales; pero que se prescindieron algunas de las testimoniales. De modo que, por ejemplo, no se obtuvo declaraciones de la esposa y de la hija de Alberto Romero, quiénes también han sido acusadas formalmente en el proceso civil y penal. Por otra parte, también se reportó la ausencia de la ex-asesora de la Asamblea Legislativa, María de Jesús Guardado, quien habría trabajado en la institución a la fecha del 30 de abril del año 2021. Se ventiló en la Asamblea que, al igual que sus parientes, ella abandonó el país en la fecha del 24 de agosto de 2023.
También se ausentó el ex-colaborador administrativo del diputado, Ricardo Gutiérrez Romero; pues éste residen En Estados Unidos desde el 22 de abril de 2021. También se habría ausentado el ex-ordenanza de la Asamblea, David Fernando Vaquerano, quien laboró hasta la fecha del 1 de febrero del año 20218. Sin embargo, la única persona que compareció, además de la diputada Silvia Ostorga, fue la asistente de la fracción de ARENA, Ana María Gertudis Ortiz de Lemus, para rendir declaraciones sobre el destino de los fondos. Sin embargo, la Comisión prescindió a ésta última; pese a que la FGR sostenía que el movimiento del dinero transitó en varios de los trabajadores del Partido.
La Comisión cerró el desfile de las antítesis, decretando el Dictamen Favorable: “Por lo tanto, creemos que en éste proceso no es necesario ya que el diputado pueda seguir con el fuero. Más bien, queremos y pedimos se pueda dictaminar que hay lugar a la formación de causa en contra del ciudadano Alberto Romero Rodríguez; que al mismo se le suspenda por ende del ejercicio de sus funciones como diputado. Que el dictamen se haga de conocimiento al Pleno Legislativo”.
