Santa Ana, Ilopango, Apopa, San Martín, San Marcos, San Miguel, Ciudad Delgado, Colón, Mejicanos, San Salvador, Soyapango, Sonsonate, Ahuachapán, La Unión, Usulután, Santa Tecla y Cojutepeque, son los lugares en donde se han llevado a cabo con mayor intensidad los operativos para debilitar a las estructuras criminales que han emigrado a las zonas rurales del país.
Desde el 20 de junio hasta el 20 de julio, 2,031 personas han sido arrestadas por el cometimiento de varios delitos. De ese total, 172 fueron capturados por estar acusados de homicidio; 135 por lesiones; 47 por robo y 40 por hurto.
Con base a la información policial, 1,339 de los arrestos fue en el término de flagrancia, 433 por órdenes giradas por la Fiscalía General de la República (FGR), 76 menores fueron privados de libertad por cometer diferentes delitos y 183 detenciones se efectuaron por órdenes judiciales. La mayoría de las capturas se han efectuado en los departamentos de San Salvador que reporta 576 y Santa Ana con 421.
Al contabilizar las detenciones a partir del 1 de junio a la fecha suman en su totalidad 5,659; de las cuales 468 son por homicidios, 423 por lesiones, 207 por extorsión, 108 por robo y 105 por hurto.
Como parte de este trabajo policial, también se han llevado a cabo 23,782 acciones diversas; de las cuales 3,317 son patrullajes a pie, 14,385 patrullajes conjuntos con elementos de la Fuerza Armada, 817 de seguridad en mercados, 421 en terminales de autobuses, así como 4,582 en plazas, comercios y otros lugares de afluencia.
Para este plan de combate contra la delincuencia, se han desplegado 7,500 elementos y de esa cantidad 5,040 son miembros de la Fuerza Armada.
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La Asamblea Legislativa ha aprobado dos reorientaciones presupuestarias; una de $2.8 millones para dotar de uniformes y botas a policías y soldados.
Posteriormente el Palacio Legislativo aprobó $30.9 millones provenientes del impuesto a las telecomunicaciones.
Los fondos, se aprobaron para la alimentación de los policías y para el pago de salarios de los militares que apoyan el plan antidelincuencial.
El 11 de julio, el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, llegó a la Asamblea para explicarle a los diputados que el Ejecutivo necesita $91 millones para la segunda fase del plan. Esos fondos los gestionará a través del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
