Por Alessia Genoves
$201 mil dólares implican en corrupción al ex-diputado y titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), Benito Antonio Lara Fernández. La Sala Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro discute el trámite de la causa penal en su contra, que corresponde al delito de enriquecimiento ilícito, en perjuicio de la Hacienda Pública, durante su administración como funcionario.
Benito Lara ejerció como diputado de la Asamblea Legislativa, durante los años 2009 al 2014; y desarrolló su cargo como titular del MJSP durante los años 2014 al 2019. La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que el monto del presunto enriquecimiento ilícito habría sido adminstado de forma fraudulenta durante su administración, en su beneficio, y en el de su familia.
Benito Lara y el dinero
$201,874.31 dólares es la cantidad dineraria que la FGR deduce de una presunta administración fraudulenta en el Estado, a favor del ex-funcionario Benito Lara. El acusado ha sido sometido a la audiencia preliminar, que desarrolla la Sala Primera de lo Civil, de la Primera Sección Centro.
“Los magistrados admitirán cuales son las pruebas útiles y pertinentes que serán valoradas en la audiencia probatoria”, indican las autoridades de los Centros Judiciales. Las acusaciones preliminares las propone el Ministerio Público Fiscal, en observación de 17 irregularidades:
$33,989.73 dólares, del saldo total, corresponden a la observación de 14 presuntas irregularidades que observa la FGR, de su patrimonio no justificado. La institución detalla que las circunstancias se remiten a su período como diputado en la Asamblea Legislativa, “desde el 1 de mayo del año 2009 al 20 de abril del 2012”
$16,900 dólares corresponderían a un saldo no justificado durante los períodos del 01 de mayo de 2012 al 30 de mayo de 2014. FGR basa éstas observaciones por 2 irregularidades, que se justifica en la adquisición de vehículos, “y otro resultado negativo entre ingresos y gastos por $53,751.11 dólares”.
“Además, cuando se desempeñó el cargo de Ministro de Justicia y Seguridad Pública, en el período del 01 de junio de 2014 al 20 de enero de 2016, por 26,930.83, haciendo un monto total de lo reclamado al exfuncionario por la suma de $131,571.67”, añaden las autoridades judiciales.
Las imputaciones fueron procesadas ante la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro (San Salvador), desde el pasado 15 de diciembre de 2022. El proceso fue llevado a juicio en los cinco días posteriores. Ésta tarde, la FGR tramitó otras pruebas de cargo, consistentes en el requerimiento fiscal “para que se realice la pericia financiera”.
Familia Lara y dinero público
$131,571.61 dólares es el patrimonio de Benito Lara, que la FGR sostiene que no fue justificado, durante su administración pública. La institución de investigación penal estatal indicaría que éste sería el saldo familiar de Lara, en dicho período, que correspondería al 65.17% de las irregularidades dinerarias.
$68,302.64 dólares es el patrimonio que la hija de Benito Lara, Ileana Briselda Lara Campos, no pudo justificar, a observación de la FGR. Al monto total se añaden $2,000.00 que la esposa de Lara, Ana Emilia Zelaya de Lara no habría podido justificar, a juicio de la institución.
“El monto total demandado es de $201,874.31 dólares, por el que la Fiscalía General de la República solicita a la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador, que Lara y su familia restituyan al Estado, así como la inhabilitación de cualquier cargo público por 10 años”, indica la administración de justicia.
Las acusaciones generales en contra de los imputados se sustentan en pruebas, por la presunta comisión del delito de “enriquecimiento ilícito, que establece el articulo 40 de la Constitución, y el artículo 7 de la Ley Especial de Enriquecimiento Ilícito, de funcionario y Empleado Público”.
