La diputada del FMLN, Norma Guevara aseguró este lunes que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha admitido al menos tres demandas en contra del actuar del Estado salvadoreño a través de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por presuntamente trasgredir derechos políticos de los demandados entre los que se encuentran un exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y 30 diputados suplentes del FMLN.
Según Guevara, la CIDH ha admitido las demandas presentadas por el expresidente de la CSJ, José Salomón Padilla quien señala arbitrariedades en su destitución en 2012 cuando la Sala alegó que había sido electo de forma irregular por la Asamblea Legislativa, y superado ese impase, alegó que Padilla tenía vinculaciones partidarias al FMLN.
Otra de las demandas admitidas según Guevara es la interpuesta por Ulises Rivas, magistrado del TSE cesado por una medida cautelar de la Sala, alegando una presunta vinculación partidaria al FMLN, algo que Rivas ha desmentido.
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Y la tercera demanda admitida por la CIDH es la de 30 diputados suplentes del FMLN que fueron a la CIDH con sede en Washington, señalando arbitrariedades de la Sala en la sentencia que les inhabilitó como suplentes en julio de 2016.
“El Estado salvadoreño está en el deber de restablecer el ejercicio pleno de los derechos de los salvadoreños. Puede tardar tres o cuatro años, pero puede llegar el momento en que se sienten los precedentes para evitar tanta arbitrariedad y atropello de los derechos políticos no solo de la ciudadanía en general sino también de cualquier persona que ostenta una función pública”, dijo Guevara en la entrevista matutina de canal 12.
Añadió que ya hay un debate abierto ya entre los partidos políticos por mantener en el poder a los actuales magistrados de una forma permanente “o hasta que la naturaleza lo permita” porque asegura que se grupos de poder se sienten cómodos con el actuar de la Sala en turno.
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El debate entre algunos diputados y la Sala de lo Constitucional no es nuevo pues incluso hasta la Relatoría Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), expresó en octubre del año pasado su preocupación por la creciente tensión entre el Gobierno salvadoreño, algunos sectores de la sociedad civil y los magistrados de la Sala de lo Constitucional.
La nueva legislatura 2018-2021 será la encargada de elegir a los nuevos magistrados del máximo tribunal del país.
