En El Salvador al igual que en otros países de Centroamérica, las zonas rurales continúan siendo el rostro de la pobreza y para erradicar esta situación la región debe concentrar esfuerzos en erradicar las políticas fiscales de “supervivencia” e instituir políticas fiscales más justas y progresivas.
Así lo refleja el estudio, Incidencia de la Política Fiscal en la Desigualdad y la Pobreza, coordinado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (FIDA) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).
El estudio revela que en Centroamérica, casi la mitad de la población se encuentra habitando las zonas rurales donde carecen de servicios básicos y calidad de vida por lo que urge replantear un nuevo concepto de “ruralidad”, en la que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades e ingresos suficientes.
En 2015 se conoció que el 37.4 % de la población salvadoreña vive el sector rural, es decir un poco más de la tercera parte de la población total. A nivel centroamericano, el porcentaje aumenta al 45 %, lo que equivale a una cantidad de 19.5 millones de personas.
Aunque las brechas de desigualdad entre las zonas urbanas y rurales son evidentes en la mayoría de países en Centroamérica, poco se habla de los factores que llevaron a ver la ruralidad como algo “residual”.
De acuerdo con el economista de ICEFI, Ricardo Castañeda, en la década de los 90, se pensaba que la rece para alcanzar el desarrollo era pasar de la agricultura a la industria de lo retrasado a lo moderno, de lo rural a lo urbano. “Desde las políticas públicas se empezó a ver lo urbano como lo residual entonces esto ha provocado que el sector rural haya sido abandonado”, acotó Castañeda.
El economista explicó que según estimaciones el Estado salvadoreño debe invertir al 2025, alrededor del 6.5% del Producto Interno Bruto (PIB), para transformar esta realidad. Asimismo, la desigualdad plantea un reto en materia fiscal y es transformar la política fiscal de supervivencia a una política fiscal que potencia el desarrollo.
“Es necesaria una política fiscal justa y progresiva que demuestre que lo más importante no son cuadrar números sino mejorar vidas de especialmente de quienes históricamente han sido marginados que son quienes se encuentran en las zonas rurales del país”, acotó.
Para el año 2015, los niveles de evasión de IVA rondaban los $800 millones, representando ocho veces el presupuesto del Ministerio de Agricultura de Ganadería (MAG) y cuatro veces el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas (MOP).
Tras el estudio, especialistas aseguran que una medida fundamental para atajar el problema de la desigualdad es incrementar los ingresos y tener un sentido de progresividad ya que actualmente la estructura tributaria es regresiva, es decir afecta más a quienes tienen menores ingresos. “Se deben evaluar los privilegios fiscales en El Salvador, revisar el fortalecimiento y la administración tributaria”, remarcó el economista.
¿Cómo reducir el impacto de la desigualdad?
ICEFI propone la universalización de la educación y salud ya que constituyen derechos fundamentales del ser humano que el Estado está obligado a cumplir. “La educación y la salud no es un premio de consuelos para quienes no tienen ingresos”, remarcó Ricardo Castañeda.
De acuerdo con la entidad hay que tener en cuenta que las zonas rurales no son un residuo, sino por el contrario un elementos fundamental para potenciar la economía si se le apuesta a un giro en la forma de concebir la productividad.
En ocasión anterior la economista Julia Evelyn Martínez, señaló que el apoyo de las empresas comunitarias y solidarias, como cooperativas o redes de productores agropecuarios podría aportar a la dinamización de la economía rural. Afirmación que se sustenta con esfuerzos de actores como la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS), que le apuesta a empresas que, partiendo de la necesaria rentabilidad, eficacia y sostenibilidad técnica y financiera, huyen de una concepción de empresa tradicional.
Las iniciativas solidarias tienen como la constitución de experiencias solidarias concretas puedan generar un modelo socioeconómico alternativo. Entre otras de las medidas destacan, la reactivación aparato productivo a nivel nacional que tenga como prioridades la reindustrialización y la reactivación de la agricultura y el desarrollo de un mercado interno.
Organismos financieros también han sugerido que se incentive la productividad a través de la producción de cultivos orgánicos, rescate de semillas nativas, consolidación de organización grupos locales para la producción de mariscos, formación de cooperativas agrícolas ganaderas y facilitar el crédito para el sector.
