Por distintas razones, algunas loables y otras no tanto, en los juicios acerca de la violencia criminal se fueron estableciendo criterios de carácter ético que lenta, pero casi inexorablemente condujeron a dejar de lado la realidad dura e hiriente de la violencia criminal, que a su vez fue justificada apelando a las condiciones de exclusión y pobreza de sus agentes, o a su ingenuidad e inocencia dada su minoría de edad.
Mientras esto sucedía en las discusiones y cátedras académicas (cuyos análisis y conclusiones irradiaban hacia las esferas públicas y privadas) los criminales reales (no los que reciben en los libros denominaciones más suaves como “personas en conflicto con la ley”) no dejaban –y aun no dejan– de causar dolor en la sociedad, siendo lo más doloroso de sus acciones los asesinatos de personas inocentes a lo largo y ancho del país. Desde los años noventa, la violencia criminal ha causado una verdadera sangría en El Salvador. Ahí están los datos para quien quiera verlos. Pero detrás de los datos, hay personas concretas cuyas vidas llegaron a su fin violentamente por obra de criminales sin escrúpulos. Eso ya no puede ni debe seguirse tolerando.
El Estado salvadoreño tiene la obligación legal y moral de utilizar con eficacia y determinación todos los recursos a su disposición para contener y someter al imperio de la ley –haciendo uso de la fuerza necesaria y suficiente— a quienes son una amenaza para la vida y los bienes de cualquier ciudadano.
Ligado con lo anterior, está el asunto de cómo se relacionan, en el combate de la violencia criminal, el uso de la fuerza coercitiva del Estado y la prevención. Aquí se tiene que decir que ante quienes delinquen efectivamente, el Estado tiene que hacer uso de sus capacidades coercitivas, según la naturaleza (la amenaza real) del acto criminal a contener. A mayor amenaza de los criminales, mayor uso de la fuerza del Estado, pues este último debe mostrar a quienes delinquen que el crimen no paga. Es equivocado creer que la prevención debe estar orientada a quienes se dedican a delinquir.
Es equivocado y peligroso para la sociedad que el Estado se doblegue ante el crimen, o también que se exija al Estado ceder en su determinación de combatir a grupos criminales, apelando a lo mal que se sienten quienes actúan fuera de la ley. La prevención está orientada a quienes no delinquen efectivamente, pero que, dadas sus condiciones de vida, pueden correr el riesgo de terminar integrados en grupos criminales, o en cualquier caso pueden estar en riesgo de ser víctimas de la violencia criminal.
Es falto de realismo abanderar programas de prevención para criminales en activo que lo que hacen es usar esos bien intencionados programas para ocultarse de sus fechorías o para impedir que el Estado les dé su castigo merecido. Eso es lo que los criminales hacen ahora con la bandera de los derechos humanos, lamentablemente.
