Las víctimas del pasado conflicto lo son por los delitos que la institucionalidad cometió en contra de sus personas, grupos familiares y bienes patrimoniales, y por razones ideológicas, agravado ello por todo el calvario que les ha tocado afrontar hasta el momento: la referida pérdida, desaparición, mutilación, tortura, etcétera, de sus familiares, la subsecuente negación de la responsabilidad de sus agentes por parte del estado, la negativa de las autoridades castrenses de reconocer la participación institucional de la F.A. en los tales, la negativa de los sucesivos gobiernos de admitir y consecuentemente procesar los crímenes, la inacción de parte de la FGR, etcétera.
Para ilustrar por ejemplo lo señalado, consideremos lo afirmado por el actual ministro de defensa, durante una entrevista: “…es la constitución la que deniega el derecho de acceder por razones de seguridad nacional, a los archivos de la época del conflicto…”, sin duda por su carencia de comprensión del propósito del tenor constitucional cuando confunde la seguridad nacional, con su esfuerzo de proteger amparando institucionalmente, a los criminales que vistiendo uniforme y pretendiendo arroparse en el mandato constitucional, ordenaron el asesinato de miles de ciudadanos, hombres, mujeres y niños, completamente desarmados, y por razones tan simples como: “…ser residentes en los teatros ocupados por la insurgencia…” (Doctrina de Tierra Arrasada, OAS); o, por otro lado, y ya en el proceso referido, el petitorio de uno de los acusados luego de ser informado por parte del juez de los delitos que se le acumulan; “…me siento amenazado de ellos…”, refiriéndose a los sobrevivientes de una de las más notorias masacres del conflicto, siendo en realidad este individuo, como los demás acusados, y los que aún no han sido señalados, los que representan una amenaza real para las víctimas y sus sobrevivientes.
La escena, sin embargo, más extrema, fue la representada por el general Larios, que en un penoso esfuerzo por realizar un descargo de culpas y a viva voz, señaló a la insurgencia de aquellos días “…las barbaridades que cometieron…”, afirmación que sin embargo carece de sustento al escuchar a los testigos, revisar las pruebas, o los documentos de la época; por otro lado, olvido sin duda el personaje en cuestión que ningún delito justifica semejante barbarie descubierta en las escenas escrutadas, en la que los ejecutores se ensañaron incluso en contra de los niños, procurando no dejar testigos vivo, y persiguiendo a los que sí sobrevivieron los años subsecuentes.
Es decir; el calvario de esas personas reside no solo en la negación permanente del legítimo acceso a la justicia, a la que tienen derecho, pero además a la revictimización que en ellos provoca la impunidad vigente e institucional ““ por la que ha sido condenado el estado salvadoreño en sucesivas oportunidades ““ y de la que los acusados parecieran sentirse seguros, de nuevo, considerándose ya libres de éste nuevo episodio en el que la FGR es puesta a prueba, como el resto del estado, en cuyo nombre se cometieron estas atrocidades, y otras que aún no han sido señaladas.
