Representantes del Proyecto Víctimas Demandantes "VIDAS", afectados por ambas partes de la guerra civil en El Salvador sugieren que además del veto a la recién aprobada Ley de Reconciliación que anunció el presidente Nayib Bukele, también es necesario que el mandatario demuestre que no se trata nada más de un juego político “para terminar con sus enemigos”, y esto lo lograría creando una comisión especializada en el tema.
Benjamín Cuellar, abogado demandante de la inconstitucionalidad de la ley de amnistía de 1993, explicó que si hay un interés real por beneficiar a las víctimas, Bukele también debería demostrar la iniciativa de ley que posee para “crear un decreto Ejecutivo con el que se pueda abrir una comisión que consulte realmente a las víctimas de la guerra y que esto de como resultado una ley que cumpla con los parámetros y el diseño de políticas públicas para los demandantes”.
Bukele justificó su veto al nuevo reglamento porque viola los convenios internacionales relacionados con los derechos humanos que El Salvador ha firmado, además de considerarlo como una “ley de amnistía” que beneficia a los perpetradores de crímenes atroces. “Es una burla e infamia contra los salvadoreños”, señaló en conferencia de prensa.
Amanda Castro, representante también de “VIDAS”, asegura que la decisión de Bukele aún hay que verla con mucha cautela, pues se trata de un paso en el que tendrá la oportunidad “de demostrar si es él quien manda a las fuerzas armadas o solo es un títere de estas nada más, en el sentido de que puede abrir los archivos que lo ha podido hacer desde antes y aún no lo ha hecho. Eso sería un paso concreto para acompañar el veto”, dice.
En junio de 2018, Nayib Bukele tuvo una reunión con víctimas y familiares de la Masacre de El Mozote donde les reiteró su compromiso para apoyar una Ley de Reconciliación que beneficiara a los más afectados por el conflicto armado. Sin embargo, su proyecto de revelar archivos de la guerra civil en manos de la Fuerza Armada aún sigue en espera.
De no lograrse algo más con el veto del presidente, Cuellar asegura que podría ser la antesala a un escenario de severa impunidad que lo único que generaría es un mayor índice de asesinatos y más violencia.
“Yo recuerdo que entre 1995 y 1997, informes del Consejo Nacional de Seguridad Pública y Naciones Unidas establecían que el promedio anual de homicidios en esos 3 años era de 7 mil 211, y uno se preguntaba que por qué tantos homicidios si acababa de terminar la guerra pero era porque acaban de amnistiar a los responsables de grandes impunidades”, comentó el abogado.
Al respecto, Castro asegura que es “como enviarles un mensaje a los violadores de derechos humanos, a lo violentos, o a los que usan armas, de que lo sigan haciendo porque en este país eso va a quedar impune, eso no se castiga y tienen carta libre para seguirlo haciendo”.
La denominada Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional fue aprobada la semana pasada con votos de 44 diputados de derecha en una sesión plenaria extraordinaria convocada por el presidente parlamentario, Mario Ponce. Los diputados del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), la guerrillera que combatió al régimen militar, se abstuvo durante la votación, una situación que Bukele catalogó como “un silencio cómplice”.
La representante de VIDAS lamenta que hasta hoy lo único que se haya logrado con dicha ley aprobada por el legislativo es una “revictimización de las víctimas del conflicto, pues no se tuvo parámetros con un enfoque psicosocial que son importantes en los temas de memoria”.
“Por ejemplo, en muchos foros realizados por los diputados se mezcló a excombatientes de la guerrilla y de la fuerza armada, y a veteranos de guerra con víctimas civiles. Eso fue un error grande. Desde el principio se manipuló todo el proceso de elaboración de la ley para intereses partidarios”, agregó.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia aún no ha emitido su posición sobre la polémica ley, pero en noviembre de 2019, el magistrado Aldo Cáder, afirmó que si la ley no cumplía con los requerimientos- de verdad, justicia y reparación – exigidos por la sentencia de 2016, actuarían de oficio y la declararían inconstitucional sin esperar una nueva demanda.
Hasta el momento, tanto víctimas del conflicto armado como el mandatario salvadoreño están totalmente en contra de dicha ley que, entre otras cosas, reduce considerablemente las penas para los demandados y pasa por alto la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.
