La Defensoría del Consumidor y la Dirección de Hidrocarburos y Minas del Ministerio de Economía realizaron una inspección de precios en distintas gasolineras del país, a fin de garantizar protección a la población en gasolineras y tiendas de conveniencia.
“Los combustibles son un producto de alto consumo de la población y de los sectores productivos, por eso es importante la verificación y este monitoreo constante de los precios”, dijo el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar.
El funcionario explicó que se ha incorporado en la verificación que realiza la institución, el tema de los combustibles, a partir del anuncio y aprobación del aumento al salario mínimo, para evitar que se genere especulación de precios.
Este tipo de inspecciones se organizan de manera coordinada entre ambas instituciones, ya que de acuerdo a Salazar, en estas gasolineras también hay tiendas de conveniencia donde se comercializan productos de primera necesidad.
En las inspecciones, acompañó el director de Hidrocarburos y Minas, Jorge Arnoldo Hernández, quien afirmó: “se hace a diario en todo el territorio, como hidrocarburos vamos a revisar calidad y cantidad del servicio de combustible”.
En los procedimientos de verificación de precios, también se garantiza que el servicio cumpla las características de acuerdo al tipo de combustible, así como la calidad y peso exacto, afirmó Hernández.
Salazar detalló que el esfuerzo interinstitucional se mantiene atento para evitar cualquier práctica abusiva. Las inspecciones de este sábado iniciaron en las estaciones de servicio de combustible ubicadas en la ruta al puerto de La Libertad.
Este esfuerzo interinstitucional se realiza en el contexto del aumento al salario mínimo que entrará en vigor a partir del próximo 1 de agosto.
La Defensoría recalca que de acuerdo con la Ley de Protección al Consumidor, todos los proveedores están obligados a exhibir los precios de los productos y servicios que ofrecen, y que la venta a precio superior al ofertado, constituye una infracción grave a la ley, la cual es sancionada con multa hasta de 200 salarios mínimos.
Por otra parte, Salazar presentó en la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa un paquete de 65 reformas de las cuales 19 artículos serían nuevos, a la Ley de Protección al Consumidor.
El presidente de la Defensoría de Protección al Consumidor (DPC) explicó que el objetivo es dar respuesta a las necesidades de los consumidores a quienes se les están violentando sus derechos.
En ese sentido, la institución pidió que se le cree la figura de delegado encubierto para que los inspectores no tengan que identificarse para vigilar si hay incumplimiento a la ley.
“Esta es una propuesta que se ha trabajado al interior de la Defensoría considerando los insumos de las diferentes unidades que dan atención a problemáticas y que busca, en primer lugar, elevar el término de los derechos de los consumidores, en segundo, ponerle atención a nuevas obligaciones a los proveedores y buscar nuevas herramientas que nos permitan desarrollar nuestras funciones de manera más efectiva”, detalló Salazar.
Una de las reformas que busca establecer la Defensoría es sobre el cobro de propinas en los restaurantes, bares y similares. En primer lugar, el consumidor debe tener claro que el uso del cobro de la propina no es obligatorio, el consumidor tiene derecho a que se le exonere del cobro.
En segundo lugar, la DPC pretende establecer un techo de porcentaje de cobro de propina que no exceda el 10 % del valor consumido.
En tercer lugar, establecer la posibilidad que el consumidor anule o reduzca el monto del cobro de propina si el servicio que se la ha brindado ha sido insatisfactorio o ha sido incompleto.
