Por Alonso Rosales
En los últimos días, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha ofrecido declaraciones clave sobre la recuperación de activos venezolanos bloqueados en el extranjero y sus planes de inversión, en un contexto político marcado por la exigencia ciudadana de liberar a presos políticos y ampliar las libertades civiles en el país.
Activos desbloqueados: un paso hacia la inversión en servicios públicos
Rodríguez anunció que, tras conversaciones diplomáticas con el Gobierno de Estados Unidos, se ha iniciado el desbloqueo de activos venezolanos congelados bajo sanciones internacionales. Aunque la mandataria no especificó la cantidad exacta de recursos recuperados, destacó que estos fondos “pertenecen al pueblo de Venezuela” y que su liberación permitirá invertir en servicios esenciales como equipamiento médico para hospitales, así como en el sistema eléctrico y la industria gasífera nacional.
El Gobierno venezolano ha reclamado durante años que miles de millones de dólares —así como oro y otros activos— permanecen bloqueados en cuentas y reservas en el extranjero debido a sanciones impuestas desde 2019, una situación que ha limitado el acceso a estas riquezas para fines públicos. Algunos cálculos previos estimaron que esos fondos retenidos podrían ascender a cerca de 30 mil millones de dólares, aunque esa cifra corresponde a estimaciones anteriores y no fue ratificada por Rodríguez en sus anuncios recientes.
Según Rodríguez, los activos desbloqueados serán dirigidos principalmente a fortalecer la infraestructura de salud, energía y servicios públicos, sectores críticamente deteriorados tras años de crisis económica en Venezuela.
Libertad de presos políticos: un reclamo universitario contundente
En paralelo a los anuncios sobre activos, Rodríguez vivió un episodio tenso y significativo con un grupo de estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV), varios de ellos de la Escuela de Derecho. Durante un recorrido por el campus —institución de la cual es egresada— dirigentes estudiantiles, encabezados por Miguelángel Suárez, presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU-UCV), exigieron de manera pública la liberación inmediata de presos políticos, incluidos estudiantes y profesores detenidos por razones políticas.
Los jóvenes señalaron que hay más de 200 personas privadas de libertad por motivos políticos, entre ellos al profesor Jesús Armas, quien, según los estudiantes, fue detenido de forma arbitraria hace más de un año, y al estudiante de derecho Roalmi Cabeza, cuyo caso ha sido ampliamente citado en pancartas y debates dentro de la universidad.
Durante el intercambio, los estudiantes hicieron hincapié en la necesidad de que el proceso de excarcelaciones no sea parcial ni limitado, sino que se traduzca en libertad plena para todos los detenidos por razones políticas, reclamando un fin al “sufrimiento de los familiares” y apelando a los vínculos personales de Rodríguez con la UCV.
Respuesta gubernamental y contexto de excarcelaciones
Rodríguez, por su parte, evitó comprometerse con un cronograma claro de liberaciones completas durante el encuentro y respondió con críticas hacia lo que describió como supuestas manipulaciones por parte de organizaciones no gubernamentales, sin reconocer abiertamente la responsabilidad de las fuerzas de seguridad en las detenciones.
En cuanto al proceso oficial de liberación de detenidos, el propio gobierno ha reportado cifras variadas: en diferentes momentos se ha mencionado la liberación de 406 a 626 personas, aunque organizaciones independientes como Foro Penal han verificado números significativamente menores de excarcelaciones de presos políticos.
Este contexto de diálogo ciudadano y disputa por cifras y políticas de Estado tiene lugar en medio de una compleja transición política en Venezuela, marcada por tensiones internas y un acercamiento diplomático con Estados Unidos que se refleja tanto en la negociación sobre activos como en las expectativas de políticas de reconciliación nacional.
FUENTES , EL PAIS , INFOBAE , CNN , FRANCE 24
