Una clica de pandilleros del Barrio 18 Revolucionarios se habría beneficiado de los 300 dólares que el gobierno salvadoreño entregó a diferentes sectores producto al paro productivo que provocó el coronavirus, según informaron testigos que desfilaron en el tribunal que lleva el caso.
Los testigos narraron que esto fue logrado producto a que un grupo de vendedores, gestionó ante el Ministerio de Trabajo la ayuda económica, que el gobierno brindó durante la cuarentena.
Posteriormente, según el Ministerio Público, estos fondos fueron desviados por la misma asociación a la pandilla. Los vendedores pidieron la ayuda para cerca de 60 vendedores afiliados y cada uno de ellos, al recibir el dinero, debía quedarse solo con $100 y dar los otros $200 a la 18R.
Un investigador de la PNC que declaró ayer en el juicio dijo que en las escuchas detectaron que supuestos vendedores habían entregado copias de sus documentos de identidad a Norma Aguirre, líder de OVI, y a dos personas más.
Según declaró, los imputados se encontraban en un negocio conocido como “El Levantón”, ubicado en las cercanías del Parque Libertad. Norma Aguirre, Marcos Ulises Landaverde y José Audali Aguirre eran los que estaban al interior de ese local, junto a Guadalupe Elena Muñoz, quien según la PNC es la madre de un palabrero de la 18R.
Los policías dijeron que intervinieron a Muñoz, quien les manifestó que había ido a ese lugar a dejar unos documentos. “La señora (Norma Aguirre) les había prometido que les iba a conseguir los $300 y que ella lo hacía a través de una persona que estaba en el Ministerio de Trabajo”, fue lo que les dijo la mujer.
La PNC también tenía conocimiento que Marcos Landaverde llevaría las copias de los documentos al Ministerio de Trabajo. “Llegó un vehículo rojo y se estacionó en jugos El Levantón. Marcos se baja e interactúa con ‘El Blazer’ (supuesto pandillero), luego entró al local en el que estaba Norma. Posteriormente sale y se sube al vehículo con un folder en la mano y con varios papeles”, dijo el investigador.
Los agentes policiales le dieron seguimiento al vehículo y al intervenirlo logran identificar que llevaban copias de DUI. Luego el vehículo continuó la marcha y llegó a las instalaciones del Ministerio de Trabajo. Luego de 15 minutos, Landaverde salió del ministerio y regresó al local en el que estaban los demás vendedores.
En otro dispositivo, el 27 de marzo de 2020, sucedió lo mismo, pero cuando los investigadores intentaron entrar al ministerio la seguridad les prohibió el paso.
El abogado defensor de Norma Aguirre cuestionó los testimonios de los investigadores y señaló que la Fiscalía “no preparó a los testigos”.
“Los han traído a quema ropa en razón de las preguntas que fiscalía hace, pero los testigos dicen que no se acuerdan. La 18 está extorsionando a la organización para que le de cuotas y eso es normal”, aseguró el abogado José Arucha.
El defensor dijo que si bien Norma Aguirre es la representante legal de OVI, es falso que ella se pusiera de acuerdo con la pandilla para darles dinero.