Desde el 24 de agosto, El Salvador ha comenzado a experimentar el regreso a las actividades en centros de trabajo y lo que se ha comenzado a llamar la “nueva normalidad”. Esto, después de 156 días de una significativa reducción de la actividad, desde que el 21 de marzo se decretara una cuarentena obligatoria en el territorio nacional.
Según datos de movilidad de personas trabajados por el BID(1), El Salvador fue uno de los países de Latinoamérica que más disminuyeron su movilidad ante el COVID. En promedio, la movilidad de personas se redujo hasta en un 81% menos que la semana del 2-8 de marzo.
Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2019, antes de la emergencia por COVID y las tormentas tropicales, ya el 40.5% de hogares vivía en hacinamiento, el 18.3% de hogares tenían materiales inadecuados de piso y pared, el 41.5% no contaba con acceso a saneamiento, el 19.6% no tenía acceso a agua potable y un 16% de hogares se encontraban en inseguridad alimentaria. Además, 1.9 millones de personan se encuentran en el sector informal, sin seguridad social ni cobertura de derechos laborales. Y más de 1 millón de mujeres excluidas de los mercados laborales remunerados, por cumplir el rol socialmente asignado de cuidadoras, haciendo trabajo doméstico no remunerado.
El actual contexto de pandemia ha puesto de manifiesto las desigualdades y la etapa post-covid plantea un posible crecimiento de las brechas de desigualdad. Según el BID(2), la pobreza podría incrementarse entre 8% y 10% y causará un deterioro en los índices de desigualdad. Unas 600 mil personas adicionales estarían con ingresos diarios menores a $5 por día. La clase media consolidada, constituida por individuos con ingresos entre $12.5 y $62 por día, se reduciría de 22.5% a 16.8% de la población. El choque causaría además un incremento en el Coeficiente de Gini, que pasaría de 0.40 a 0.42.
La atención a la emergencia ha sido cubierta a partir de deuda pública, cuyos costos se comenzarán a reflejar en el Presupuesto General del Estado del próximo año. El Ejecutivo ha solicitado nuevo endeudamiento por $3,000 millones, de los que ya han sido obtenidos $1,000 millones a través de la colocación de bonos en el mercado financiero internacional, en una emisión a 32 años y con una tasa del 9.5% anual. Es decir, que implicará una erogación de $95 millones anuales a partir del próximo año, hasta 2052. Además, a través de préstamos, la Asamblea Legislativa ha aprobado y ratificado $46 millones con el gobierno de Japón, $389 millones con el FMI, $250 millones con el BID y el resto está aún en discusión y gestión. De concretarse todas las solicitudes de endeudamiento del Ejecutivo, el 2020 cerraría con una deuda pública de alrededor de 92.7% del PIB.
La contracción de la economía y el aumento del servicio de la nueva deuda implicará un coste de oportunidad para el fortalecimiento de los sistemas públicos. Para este año se destinaron $1,102 millones para el pago de servicio de la deuda, representando el 23.3% de los ingresos tributarios totales, lo que podría incrementar hasta el 26.3% en el presupuesto 2021, si son aprobados, ratificados y asignados presupuestariamente las solicitudes del Ejecutivo.
Esta reducción de los ingresos y mayores compromisos en pago del servicio de la deuda pueden ser la plataforma para impulsar retrocesos del Estado en favor de los circuitos de acumulación privada, expresados en concesiones y Asocios Público-Privados de activos estratégicos del Estado.
Este contexto que plantea el punto de partida de la nueva normalidad es un marco propicio para que los costos de la crisis recaigan, nuevamente, en las clases trabajadoras y en las poblaciones tradicionalmente vulneradas y excluidas. Una nueva normalidad muy parecida a la vieja normalidad.
El impacto de la pandemia ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de una economía pequeña y abierta, como la salvadoreña, frente a la economía capitalista transnacional. Es momento de repensar la estrategia económica del país, basada en una reterritorialización de los procesos productivos, esto es, el fortalecimiento de cadenas de abasto y suministro locales, que permitan conectar iniciativas económicas internas, con énfasis en aquellas de carácter comunitario, organizativo y colectivo.
Para ello, es fundamental el papel de un Estado fuerte, que permita apoyar en términos financieros, técnicos y logísticos. Esto implica retomar un enfoque de planificación de Política Pública, que refleje ante la ciudadanía las prioridades del gobierno y las estrategias generales de intervención. Además, en términos de gobernanza, trabajar de manera articulada con el resto de las instituciones del Estado, en respeto a la incipiente democracia del país, y al trabajo articulado con la sociedad civil a través de mecanismos institucionales para la deliberación y formulación participativa de la Política Pública.
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(1) Aromí, D., J. Cristia y A. Izquierdo (2020). Mapa de movilidad de las personas. Banco
Interamericano de Desarrollo, Washington, DC. Disponible en https://www.iadb.org/movilidadcovid
(2) Barrios, J. y Escobar, J. (2020). El Salvador. En “El impacto del COVID-19 en las economías de la región”. Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, DC. Disponible en http://dx.doi.org/10.18235/0002279
