Ha sido difícil coincidir en acciones concertadas que puedan conducir a soluciones concretas. Producir acuerdos, exige un clima mínimo de confianza, voluntad expresa, interés genuino por el bienestar de la nación.
Si analizamos el énfasis de un buen número de noticieros -más allá del agrado, sesgo o grado de credibilidad que nos merezcan las fuentes-; las diversas mediciones de la percepción pública -independientemente de la confianza en la metodología de las encuestas y las consabidas dificultades en la efectividad y o rigor en sus muestras de campo-; o las estadísticas de instituciones dedicadas al tema de seguridad, podemos apreciar que la inseguridad aun con la sensible y comprobable mejora por la disminución de homicidios y otros delitos, producto de una reconocida correcta estrategia y del abnegado trabajo interinstitucional, sigue siendo “el reto más inmediato” para toda la sociedad.
La inseguridad es el mayor reflejo de los males acumulados y profundamente arraigados, derivados de la injusticia y desigualdad que se provocó y acumuló por décadas. Indudablemente esta compleja y multi causal crisis solo es el reflejo del verdadero desafío de esta sociedad que nos demanda, esencialmente: a) más progreso, mediante amplios programas de prevención y desarrollo en los territorios que generen suficientes oportunidades y formación para un mayor crecimiento económico justo y sustentable; y b) el impulso a una agenda social que cumpla con los objetivos del desafío del milenio trazado por Naciones Unidas, para el combate a la pobreza, con una estrategia integral que contemple: (i) la nutrición con suficiente producción de alimentos, (ii) educación, ciencia y la tecnología como motores principales del desarrollo, (iii) la expansión de programas integrales de salud y (iv) vivienda digna en el entorno de un hábitat satisfactorio. Estas metas requieren acuerdos concretos, difíciles de alcanzar bajo la exacerbada polarización que bloquea permanente toda política gubernamental para la prosperidad del país. Es palpable que contamina nuestro aire de desarrollo una visión conservadora e ideologizada de un fuerte sector partidario y corporativo de Arena, con intereses electoreros de corto plazo que exhibe desinterés y falta de compromiso para aportar soluciones a los problemas fundamentales del desarrollo
Ha sido difícil coincidir en acciones concertadas que puedan conducir a soluciones concretas. Producir acuerdos, exige un clima mínimo de confianza, voluntad expresa, interés genuino por el bienestar de la nación. Si el camino del diálogo con la más rancia oposición no tiene nuevos avances, debería valorarse el impulso de un nuevo espacio de correlación progresista de carácter amplio que empuje y obligue a alcanzar acuerdos en función del interés nacional. Salir del estancamiento exige acciones que sobrepasen el discurso político y recuperen la confianza de la ciudadanía crítica cada vez más hastiada y cansada de la confrontación estéril, pero que no tiene mayores espacios para determinar o abonar a un desenlace favorable para sus intereses.
Como si ya no bastara a los sufrimientos de nuestra patria, surgen publicaciones del periódico digital El Faro, revelando presuntos libros de contabilidad irregular que comprometerían 12 años y cinco meses -de los 20 años que gobernó Arena-. Mencionando más de 1300 cheques de ese periodo, solo por ese mecanismo, sumando más de $322 millones sustraídos del gobierno en beneficio personal y partidario; dinero que pudo invertirse en necesidades como las expuestas fue a parar a las billeteras de unos pocos. Tanto los números de cheques publicados, montos de dinero, fechas, personas presuntamente comprometidas, pueden ser identificados e investigados en el sistema financiero; este grave hecho constituiría el verdadero robo del siglo y ratificaría las presunciones de riquezas mal habidas de las que siempre sospechó la generalidad.
Si bien como Estado debemos por principio apostarle al fortalecimiento de nuestra institucionalidad, personalmente tengo la íntima convicción que ésta no ha reflejado interés, voluntad, compromiso y capacidad para enfrentar y resolver tan grave hecho, por lo que debería formarse una comisión de personas notables y honradas con la credibilidad suficiente para vigilar y promover la investigación; esto abre curso a que todos los titulares del gobierno e instituciones del Estado, desde la firma de los Acuerdos de Paz hasta la fecha, debemos ser objeto de investigación. No cabrían amnistías y debe aplicarse la extinción de dominio en los comprobados casos de corrupción.
Por las razones apuntadas, bajo una sincera reflexión debemos cuestionarnos la viabilidad o funcionalidad práctica de los mecanismos de entendimiento hasta hoy establecidos con la principal fuerza de oposición -sin restar viabilidad al diálogo como herramienta con aquellos que de verdad quieren contribuir-. Todavía es esperanzadora la mediación de facilitadores externos como el Banco Mundial y Naciones Unidas, que en las temáticas respectivas pueden aportar a la sensatez del bloque conservador en la búsqueda de soluciones, antes que se produzca otra crisis de mayor proporción, producto del bloqueo.
