Ha sido creada una comisión especial que se propone investigar las violaciones a la libertad de prensa, el acoso a periodistas por su trabajo y línea editorial, así como el supuesto uso de recursos públicos para atacar a opositores.
Varios sucesos han motivado esta comisión especial, en concreto las denuncias de periodistas que han sido víctimas del hurto de sus equipos; es el caso de Julia Gavarrete, de Gato Encerrado, del cual la Fiscalía General de la República ha sido avisada. También la falta de acceso a la información pública, ataques digitales contra periodistas, principalmente mujeres, cargados de apología a la violencia sexual y al homicidio.
En un informe preliminar tras la visita In Loco de diciembre de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que, “si bien es legítimo que los funcionarios públicos formulen críticas, correcciones u objeciones con respecto a reportajes específicos en los medios y a las organizaciones sociales, deben observar un especial deber de cuidado para no generar situaciones de riesgo.”
La comisión especial ha generado expectativas en entidades que trabajan en la protección de periodistas, que esperan no sea una forma de instrumentalizar el asunto con fines ajenos a la protección del ejercicio del periodismo.
Es un buen paso que desde órganos como la Asamblea Legislativa se den pasos como este; pero hace falta un genuino compromiso del Estado en general; no desde ahora, en la práctica, desde siempre.
Las últimas cinco décadas dan cuenta de diversos sucesos en los cuales los diferentes gobiernos han omitido aportar a la protección de los periodistas, y más bien, se han convertido en los principales agresores del ejercicio periodístico.
En su momento los gobiernos militares avalaron la violencia de escuadrones de la muerte contra medios de comunicación no plegados a sus políticas informativas, hubo interferencias a la señal de la emisora YSAX, la radio del Arzobispado; atentados dinamiteros, asesinato, exilio de periodistas, frases como “digan la verdad” y censura, marcaron esos años previos a la locura, como lo calificó Naciones Unidas.
Igualmente, no hubo acciones para sancionar atentados de grupos, en esa época clandestinos, contra medios de comunicación y periodistas. Durante el conflicto armado la emboscada militar contra cuatro periodistas holandeses en Chalatenango, el 17 de marzo de 1982, se convirtió en un símbolo de impunidad contra la prensa. Lo es hasta hoy.
Los nuevos aires que soplaron en el periodismo tras el fin del conflicto se disiparon por presiones a espacios y publicaciones que causaron impacto en el modo de administrar lo público. Predominaron intereses que pusieron en primer plano el temor de que el país cayera en un gobierno de izquierda.
Las amenazas contra periodistas por publicaciones sobre la llamada tregua entre pandillas, por las que es procesado el entonces ministro de seguridad y justicia; malos tratos a reos en delegaciones policiales, y la detección de un supuesto grupo de exterminio dentro de la policía son incidentes que abonan a la caída del país en los indicadores de instancias internacionales sobre respeto a la libertad de expresión y el acceso a la información, desde el año 2014.
Es un asunto que llegó al conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que ha ordenado medidas cautelares.
La protección a periodistas es muy amplia, en tanto obligación de los Estados, que implica prevenir, proteger y procurar justicia a actos de violencia. Debe incluir al Ejecutivo y a la Fiscalía General, como encargada de la dirección funcional de la investigación del delito, para que sea un paso firme y suficiente.
