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viernes, 17 de septiembre del 2021

Un par entre tantas…

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De 1994 en adelante, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha celebrado cada 15 de mayo el Día internacional de la familia; por eso, hace unos días tuvo lugar la vigésimo séptima jornada relacionada con lo que dicho organismo define como el “grupo social fundamental y medio natural para el desarrollo y bienestar de todos sus miembros, especialmente los niños”. Examinar su papel en el proceso de desarrollo humano, fue lo central del primer año; en el actual se plantea la relación y el impacto de las nuevas tecnologías para su bienestar. Interesante. Pero esta reflexión pretende girar alrededor de la conmemoración de 1997, cuando se consideraron las familias al borde de la extinción en zonas de guerra y áreas afectadas por conflictos.

En nuestro país, cuando la ONU ni siquiera existía y se estaba bastante lejos de oficializar el mencionado evento, nació el 14 de mayo de 1935 quien sería esposo de Aída Cañas y padre de tres hijos: Roque Antonio, Juan José y Jorge. El primero de estos jóvenes desapareció en octubre de 1981, durante el desarrollo de una ofensiva militar en Chalatenango; operación esta de esas que lanzaba el régimen ‒esenciales en el desarrollo de la estrategia de “tierra arrasada”‒ sin andar distinguiendo entre tropas insurgentes y niñas, niños, mujeres y personas mayores, enfermas o con discapacidades. Esta población civil no combatiente era el “agua” que, sin importar los costos humanos y materiales, había que quitarle al “pez”: la guerrilla.

Y, paradojas de la vida y la muerte, el progenitor de este joven combatiente desaparecido a sus 25 años de edad fue asesinado el 10 de mayo de 1975 por sus mismos compañeros dentro de una de las facciones que, después, integrarían el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional; a la fecha sus cobardes verdugos siguen sin entregar los restos humanos de Roque Dalton García, nuestro poeta universal. Esta familia no disfrutó “el desarrollo y el bienestar de todos sus miembros” planteado por la ONU. La dañaron y ni uno ni otro bando le han reparado con verdad y justicia los profundos daños que le causaron.

Otra parentela ampliada víctima de la barbarie ocurrida en el país por tanto tiempo, es la de Julio Ernaldo Rivera Guardado. “Soy el único sobreviviente de mi familia”, dijo al iniciar su testimonio-denuncia durante la primera edición del Tribunal internacional para la aplicación de la justicia restaurativa, esfuerzo que iniciamos en marzo del 2009 como parte del Festival VERDAD. 1980 fue terrible para él. El 16 de enero, guardias nacionales e integrantes ORDEN ‒la Organización Democrática Nacionalista‒ ejecutaron al más querido de sus hermanos, quien tenía trece años; Julio apenas había cumplido siete. Luego, el 11 de marzo, mataron a su madre y al resto de sus hermanos. Antes habían asesinado a sus dos tías, luego de violarlas y torturarlas. Y el 14 de mayo, al perpetrarse la masacre del río Sumpul, acabaron con la vida de otros trece parientes más. Ninguna de esas víctimas pertenecía a la guerrilla.

Transcurridos catorce años de estos hechos, como ya se apuntó, la ONU determinó homenajear a la familia; mientras, Julio envidiaba a quienes recibían llamadas de Estados Unidos y preguntaba por qué en el cielo no habían teléfonos. “Todos tienen  ese gusto de que suene ‒pensaba‒ […] Solo a mí no hay quien me llame”. Su familia entera estuvo al borde de la extinción en zonas de guerra, pues solo él se salvó

En nuestro país ‒independientemente de las palabras utilizadas‒ desde 1939 se reconoce constitucionalmente a la familia como base fundamental de la sociedad, cuya protección debe garantizar el Estado aprobando la legislación pertinente y creando las instituciones correspondientes para hacerla valer. Este es, desde hace más de ocho décadas, el “deber ser” nacional.

Pero “el ser”, la realidad, desde siempre ha sido lo contrario para las mayorías populares que sufrieron los ultrajes de la violencia estatal y la exclusión social durante aquellos años; también por la brutalidad de la criminalidad organizada o no en la posguerra, que ni empieza ni termina con los asesinatos sino que se extiende a las desapariciones forzadas y las extorsiones, entre otras manifestaciones. Y por la desigualdad… Todo eso, basado de la impunidad histórica. En dichos entornos conflictivos fueron y son muchísimas las familias rotas en el intento de sus integrantes por salvarse de la muerte lenta o violenta, en la medida que no se les ha garantizado siquiera el “mínimum vital” de sus derechos.

Saldar las deudas con las víctimas de antes, durante y después de la guerra es una obligación del Estado salvadoreño; eso, al menos, debe iniciarse con el cumplimiento de la sentencia de inconstitucionalidad de la amnistía de 1993. Habrá que ver cómo se comporta la Sala de lo Constitucionalidad, demostrando que no es una “Sala de lo Incondicional”. Mientras tanto, que no nos seduzcan entonces con salseros “cantos de sirena” cuando ‒en esencia‒ El Salvador continúa siendo la “patria exacta” que dibujó Oswaldo Escobar Velado. Por eso, irremediable y reciamente, hasta que cumplan lo anterior deberemos seguir desmintiendo al “chico plástico” y al “mal bicho”.

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Benjamín Cuéllar
Salvadoreño, Fundador del Laboratorio de Investigación y Acción Social contra la Impunidad, así como de Víctimas Demandantes (VIDAS). Columnista de ContraPunto
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