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lunes, 25 de octubre del 2021

Un momento más precioso que el oro

Desde hace años, El Salvador habí­a sido ví­ctima de una campaña cada vez más agresiva de OceanaGold promoviendo el mito de la "minerí­a responsable" y apuntando a las actividades de esta empresa en las Filipinas como modelo de la minerí­a con "cero riesgo para el medio ambiente"

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Hay momentos en la vida cuando las cosas se unen, las fuerzas se galvanizan, las piezas caen en su lugar y los procesos asumen una calidad mágica que le deja a uno preguntándose ¿cuándo terminará el sueño? Eso fue la sensación para muchos de nosotros y nosotras involucrados en la lucha contra la minerí­a metálica, cuando los legisladores de El Salvador hallaron, al fin, la voluntad polí­tica de bloquear una industria que amenazaba con robar el futuro de este paí­s.

Fue la semana más increí­ble en los 12 años de nuestra lucha, y debemos mucho de la magia al gobernador de una provincia llamada Nueva Vizcaya, en Las Filipinas, al otro lado del mundo.

El Salvador y Filipinas tienen varias cosas en común. Ambos paí­ses se encuentran en el borde del Océano Pací­fico; ambos sufrieron las consecuencias de la colonización española (Las Filipinas también sufrió la colonización estadounidense); y ambos han sido ví­ctimas de una empresa minera australiana llamada OceanaGold.

Durante los últimos 12 años, las comunidades salvadoreñas más potencialmente amenazadas por la minerí­a metálica, junto a otras organizaciones sociales, instituciones académicas, la Iglesia Católica y otros actores clave, han promovido una batalla para proteger al medio ambiente, promover medios de vida sostenibles y defender la soberaní­a nacional frente los intereses de  empresas transnacionales, como OceanaGold, y sus proyectos de extracción de oro y plata en las cuencas hidrográficas más importantes del paí­s.

La razón de fondo de esta larga y radical resistencia a la minerí­a metálica ha sido la amenaza que la industria minera representa para los recursos naturales de El Salvador, especialmente el agua, que ya sufren niveles dramáticos de deterioro y vulnerabilidad. Según las Naciones Unidas, El Salvador tiene, después de Haití­, el ambiente más deteriorado del hemisferio occidental. Es el paí­s más desforestado de América Latina, con sólo el 3% de sus bosques naturales intactos. Más del 90% de sus aguas superficiales están contaminadas y tiene el nivel más bajo de agua dulce disponible per cápita en Centroamérica. Según la Asociación Global del Agua (GWP, por sus siglas en Inglés), el paí­s también, sufre una clara tendencia hacia el estrés hí­drico, situación en la cual el suministro de agua dulce resulta insuficiente para responder a las necesidades de la población.

Este dramático nivel de vulnerabilidad ambiental explica por qué – según encuestas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) – casi el 80% de la población considera al paí­s inapropiado para la minerí­a metálica y el 77% ha venido exigiendo medidas inmediatas para cerrar la puerta a esta industria.

Fue en este contexto que la UCA comenzó, hace dos años, a elaborar una propuesta de ley de prohibición de la minerí­a metálica. Después de un proceso de consultas con organizaciones de la sociedad civil y otros actores clave, el proyecto de ley fue presentado a la Asamblea Legislativa por una alianza de la UCA, la Arquidiócesis de San Salvador , Cáritas y JPIC, el 6 de febrero de este año, y fue aprobado en plenaria (con 70 votos a favor y ningún voto en contra) el 29 de marzo.

En los dí­as anteriores a esta victoria histórica, la UCA organizó una "Semana de Acción contra la Minerí­a Metálica", que incluyó conferencias de prensa, entrevistas por televisión y radio, foros públicos,  audiencias formales con los principales tomadores de decisiones, una reunión con el presidente Salvador Sánchez Cerén y – confiados en nuestra incipiente victoria – una celebración al final de la semana con las comunidades rurales más amenazadas por la minerí­a en Cabañas.

Desde hace años, El Salvador habí­a sido ví­ctima de una campaña cada vez más agresiva de OceanaGold promoviendo el mito de la "minerí­a responsable" y apuntando a las actividades de esta empresa en las Filipinas como modelo de la minerí­a con "cero riesgo para el medio ambiente". Como medida para enfrentar esta campaña y desenmascarar sus mentiras, la UCA invitó al gobernador de la provincia de Nueva Vizcaya, donde opera OceanaGold, a venir a El Salvador y participar en nuestra Semana de Acción.

El nombre del gobernador es Carlos Padilla. Es conocido en su paí­s por haber servido 29 años como miembro del Congreso y, durante seis años, fue Presidente Adjunto de la Cámara Baja. Ahora, como gobernador, está involucrado en una feroz batalla en defensa del medio ambiente, especialmente del agua en su provincia, conocida por su belleza natural y por la producción de arroz y cí­tricos.

OceanaGold tiene una importante mina de oro y cobre en el pueblo de Dipidio en Nueva Vizcaya. En reunión tras reunión durante nuestra Semana de Acción, el gobernador describió cómo la población indí­gena habí­a sido desplazada con fuerza por OceanaGold; cómo 187 viviendas habí­an sido arrasadas y quemadas en el proceso; cómo, en 2011, la Procuradora  Para la Defensa de los Derechos Humanos de Las Filipinas habí­a pedido al gobierno central que suspendiera el permiso de OceanaGold para minar, y fue rechazada; cómo dos activistas anti-mineras habí­an sido asesinadas en el 2012 bajo circunstancias similares a aquellas en las que cinco activistas fueron asesinadas en la provincia de Cabañas en El Salvador; y cómo, en 2017, el nuevo gobierno de Las Filipinas finalmente habí­a suspendido el permiso minero de OceanaGold debido a la enorme destrucción ambiental que su proyecto estaba causando.

Carlos Padilla es un hombre reservado, delgado y poco imponente, pero su voz se hace más profunda y su mensaje se vuelve más fuerte cuando sus emociones se agitan; y se agitaron cada vez que comenzó a hablar de OceanaGold en las Filipinas. Acompañado por su Comisionado Provincial de Planificación Ambiental, Edgardo Sabado, el gobernador demostró con imágenes visuales y hechos bien documentados la destrucción ambiental y la violación de los derechos humanos que se han producido en su paí­s y que El Salvador podrí­a evitar prohibiendo la minerí­a metálica. El público salvadoreño se enamoró de él.

El dí­a en que finalmente se aprobó nuestro proyecto de ley, el nombre y el testimonio del gobernador fueron mencionados varias veces por legisladores que, obviamente, habí­an sido tocados por él. El presidente Sánchez Cerén se reunió con él durante más de una hora, claramente cautivado por el mensaje y el estilo de este ser humano tan especial que habí­a viajado desde el otro lado del planeta en solidaridad con El Salvador.

Durante su estadí­a en El Salvador, el gobernador Padilla me comentaba con frecuencia lo contento que se sentí­a por estar compartiendo este momento tan histórico y esta victoria tan estratégica para el paí­s. Estoy seguro que llevó a casa lecciones importantes de nuestra lucha para aplicarlas en la lucha de las Filipinas. Pero es claro y pertinente recodar, a la vez, los sorprendentes regalos que nos dejó: su conocimiento, su sencillez, su sabidurí­a, su solidaridad y su afecto contagioso. Él fue la pieza central de la semana más increí­ble y mágica que puedo recordar en 12 largos años de ardua lucha. Fue un breve momento en el tiempo más precioso que el oro.

Andrés McKinley es especialista en agua y minerí­a en la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas (UCA). Ha residido en América Central desde 1977, trabajando temas de desarrollo sostenible y justicia social, y ha estado involucrado en la lucha contra la minerí­a metálica durante los últimos 12 años.

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Andrés McKinley
Colaborador
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