Miembros de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) y la Compañía de Jesús solicitaron este lunes al presidente de la República que por medio del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, conceda una reducción sustancial de la pena carcelaria a favor del coronel Guillermo Benavides, sentenciado a 30 años de prisión por su participación en la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras en noviembre de 1989 en las instalaciones de dicha universidad.
Cámara y edición: Marcelo Cuéllar
El coronel Benavides fue sentenciado a 30 años de prisión en 1992 por su participación en dicha masacre, catalogada como de lesa humanidad. No obstante, la Ley de Amnistía de 1993, le dejó en libertad ese mismo año. No obstante, ante la anulación de dicha ley en junio de 2016, el caso se reabrió y por ende la condena se reactivó y hasta abril de este año la Cámara Primera de lo Penal de la primera sección del centro ratificó su condena.
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Empero la UCA y la Compañía de Jesús sostienen que la conmutación de la pena puede ser un instrumento constitucional vigente en el país, para que la decisión de las víctimas de perdonar incida favorablemente en la situación jurídica de Benavides, en vista de razones de salud y edad del sentenciado.
“Solicitamos que como parte de la conmutación de pena, la condena de 30 años de prisión impuesta, se reduzca a los años que ya ha permanecido detenido en la relación de la masacre de la UCA, tanto en el período de 1990 a 1993, como en el período de 2016 a 2017 en atención a las razones jurídicas de salud y edad del referido señor”, expresan los solicitantes.
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Y añaden: “en consecuencia, solicitamos que el Coronel Benavides recupere su libertad ambulatoria de forma inmediata”. Los solicitantes afirman que el tiempo en prisión del militar en retiro ha satisfecho la consecución de los derechos a la verdad, justicia y reparación.
Sin embargo, también solicitan que de otorgársele la libertad, deben permanecer en los registro de la Policía Nacional Civil (PNC) su nombre como responsable de los asesinatos por un lapso de 10 años pues su responsabilidad penal no desaparece, y con ello, se garantizaría la no repetición de sus delitos.
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Los solicitantes concluyen que esta petición de libertad no debe entenderse como una renuncia al derecho de pedir una indemnización por los daños sufridos, pues han decidido en su libertad no ejercer dicho derecho.
Asimismo, subrayan que la petición de libertad no debe entenderse como la renuncia al derecho de la verdad, justicia y reparación en relación al resto de presuntos responsables de la masacre que continúan prófugos.
“Como víctimas y como cristianos siempre hemos manifestado nuestra disposición al perdón que exige el conocimiento y reconocimiento de la verdad, la determinación de responsabilidades y el propósito de no repetición”, concluyen.
