En su último editorial, la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) calificó de “abuso” la negativa del Alto Mando Militar, encabezado por el ministro de Defensa, David Munguía Payés, a permitir que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue a altos mandos de la institución castrense por estar involucrados en un supuesto grupo de exterminio.
En conferencia de prensa Payés acusó a la FGR de “abusar de su poder” al acusar a los coroneles David Iglesias Montalvo, Héctor Solano Cáceres y al teniente Leonel Ascencio Sermeño de formar parte de una estructura criminal.
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“Abuso de poder es exigir privilegios y negarse a someterse a la autoridad civil, es destruir información que pudo ser útil para esclarecer los crímenes de guerra y lesa humanidad que el Ejército cometió en el pasado, es negarse a proporcionar los datos requeridos por el Instituto de Acceso a la Información Pública aduciendo motivos de seguridad nacional. También es abuso de poder oponerse a que se eliminen de los destacamentos militares los nombres de oficiales que ordenaron masacrar sin piedad a la población civil”, respondió la UCA en su editorial.
La Universidad exhortó a Payés a actuar de manera consecuente e investigar también el caso para deducir responsabilidades y expulsar a los involucrados de la Fuerza Armada.
“En lugar de molestarse, el Ministro de Defensa debería, porque le corresponde de oficio, investigar y, por supuesto, permitir que la Fiscalía también lo haga. Si encuentran que la acusación es cierta, deben llevar a todos los involucrados ante la justicia, no sin antes expulsarlos de la institución castrense con baja deshonrosa”, reza el texto.
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Payés aseguró en rueda de prensa que las personas que interpusieron las denuncias en contra de los militares están vinculadas con grupos criminales.
“Las personas que pusieron la denuncia en contra de nuestros oficiales fueron dos pandilleros que días antes habían delinquido en contra de un oficial”, indicó.
Asimismo, la institución castrense señaló que la FGR está haciendo uso de “testigos criteriados” en contra de miembros de la Fuerza Armada. “Tenemos estricto protocolo de seguridad que existe en las unidades militares para el ingreso de personas civiles, por lo que desvirtúa declaraciones de testigo criteriado presentado por la FGR”, dijo Carlos Mena Torres, viceministro de Defensa.
La FGR hizo constar que tuvo autorización judicial para intervenir los teléfonos de los oficiales señalados "después de recibir una denuncia anónima sobre ejecuciones extrajudiciales orquestadas desde el interior de la Fuerza Armada, con el conocimiento y aval del Estado Mayor".
