Redacción ContraPunto
Economistas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) hicieron un llamado al Estado salvadoreño para implementar una política integral de adaptación al cambio climático, ante los efectos de las sequías y la irregularidad de las lluvias sobre la producción agrícola y la seguridad alimentaria del país.
Durante la presentación de un informe sobre cambio climático, Alejandro Álvarez, docente e investigador del Departamento de Economía de la UCA, señaló que el sector agropecuario enfrenta problemas estructurales acumulados durante años, que reducen su capacidad para recuperarse de fenómenos meteorológicos extremos, como El Niño.
Los investigadores advirtieron que las condiciones climáticas registradas durante este año han perjudicado principalmente los cultivos de maíz y frijol, dos productos fundamentales para la alimentación de los hogares salvadoreños. Esta situación amenaza la producción nacional y aumenta la vulnerabilidad económica de las familias que dependen de la agricultura.
El estudio también pone sobre la mesa la creciente dependencia de El Salvador de las importaciones de alimentos provenientes de Guatemala, Honduras y Nicaragua, países que abastecen una parte importante de la demanda nacional ante las limitaciones de la producción interna.
Álvarez y Meraris López, coautores del informe, consideran que la falta de medidas oportunas podría profundizar la pobreza, especialmente entre las comunidades rurales más vulnerables.
Entre las principales recomendaciones plantean garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, facilitar el financiamiento agrícola con enfoque de género, fortalecer la infraestructura hídrica e implementar programas permanentes de asistencia técnica y evaluación para mejorar la capacidad de respuesta del sector.
El Corredor Seco, una zona vulnerable
Los especialistas destacaron que una parte importante de la población rural salvadoreña reside en el Corredor Seco Centroamericano, una región que se extiende desde Costa Rica hasta Chiapas, México, y atraviesa Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala.
En esta zona habitan aproximadamente 11.5 millones de personas, de las cuales cerca de la mitad depende de la agricultura de subsistencia. Además, alrededor del 30 % de la población rural todavía carece de acceso formal a la red de agua potable, una condición que incrementa los riesgos frente a las sequías prolongadas.
Mujeres agricultoras enfrentan mayores obstáculos
El informe también señala la desigualdad que enfrentan las mujeres dedicadas a las actividades agropecuarias, quienes tienen mayores dificultades para acceder a tierras, créditos y recursos productivos.
Meraris López subrayó la importancia de priorizar a las trabajadoras rurales en las políticas de adaptación climática, mediante programas de financiamiento específicos, acceso a la propiedad de la tierra e inversiones en infraestructura comunitaria.
Los datos del estudio reflejan esta brecha: en 2019, las mujeres representaban apenas el 8.6 % de los productores agropecuarios del país, mientras que el 30.7 % de las agricultoras no contaba con educación formal.
Asimismo, solamente el 4.1 % de las mujeres rurales solicitó créditos agrícolas durante 2023.
Los investigadores sostienen que enfrentar el cambio climático requiere medidas que vayan más allá de atender las emergencias provocadas por las sequías. El desafío, advierten, consiste en fortalecer estructuralmente el campo salvadoreño, garantizar el acceso al agua y al financiamiento y proteger la producción de alimentos para reducir la dependencia externa y asegurar el abastecimiento de las familias.
